El Sistema Institucional de Protección (SIP) en el que participa Caja Extremadura se encuentra en una situación delicada debido a las luchas por el poder entre las dos entidades de mayor peso: la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Cajastur. Estas dos entidades, junto con la extremeña y Caja Cantabria reunieron ayer a sus respectivos consejos de administración para ratificar el acuerdo anunciado el pasado 24 de mayo por el cual constituían el mencionado SIP. Todas lo ratificaron. También sancionaron el porcentaje de representatividad de cada una de ellas en la entidad resultante, de manera que Caja Extremadura tendrá el 11% de cuota en el consejo; Caja Cantabria el 9% y CAM y Cajastur el 40% cada una de ellas. Sin embargo, el acuerdo adoptado por el consejo de administración de la Caja del Mediterráneo incluía una frase que es el germen de esa situación delicada: se aprueba el contrato de integración, dice el texto, "excepto algunos matices respecto a las condiciones de gobierno corporativo". ¿Qué significa esa excepción? Que la CAM no acepta que el consejero delegado de la entidad resultante corresponda a Cajastur y tenga plenos poderes durante los 12 primeros años del SIP.

O TODO O NADA La respuesta de Cajastur no se hizo esperar: recordó a la Caja Mediterráneo (CAM) que el contrato de integración en el Sistema Institucional de Protección (SIP) entre las cuatro cajas "se debe aceptar en todos sus términos o se rechaza", añadiendo que la excepción que plantea esta entidad no es asumible. Otras fuentes financieras citadas por la agencia Efe dan la razón a la posición de la caja asturiana, al señalar que en el contrato se recoge la necesidad de asumir la integridad del texto para alcanzar un acuerdo.

Previsiblemente, el consejero delegado de la entidad resultante de esta ´fusión fría´ será el máximo responsable de Cajastur, Manuel Menéndez. Presidente de la misma sería el presidente de la CAM, Modesto Crespo. El cargo de vicepresidente primero corresponde al presidente de la caja extremeña, Víctor Bravo, y el de vicepresidente segundo al de la cántabra, Enrique Ambrosio.

A pesar de este factor de incertidumbre, mientras se resuelve el desencuentro de las dos entidades mayores, el SIP sigue su curso. Entre los acuerdos ratificados ayer está el de solicitar conjuntamente 1.493 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) "con el objetivo de culminar el proceso de integración y reforzar los recursos propios del grupo consolidable resultante del SIP".