La eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio generaría, a lo largo de los diez primeros años, un 5% de crecimiento adicional para la economía española y unos 181.000 puestos de trabajo, según un estudio sobre este impuesto realizado por la Unión de Contribuyentes (UC) y la Fundación para el Avance de la Libertad hicieron público ayer el estudio El impuesto sobre el Patrimonio .
El informe analiza la aplicación por parte de cada comunidad y compara cada una de esas situaciones con la media española y con Francia, único país de la UE que aún mantiene, como España, este impuesto.
Así, el estudio muestra que se dan circunstancias tan "llamativas" como la de Extremadura, que tiene el Impuesto sobre el Patrimonio más alto del mundo; la de Guipúzcoa, cuyo tributo resulta "confiscatorio" al haberse eliminado el escudo fiscal; o las de Aragón, Navarra, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que al haber reducido el mínimo exento "maltratan duramente a la clase media". Por su parte, Andalucía, Asturias, Baleares, Galicia y Murcia se unen a las comunidades catalana y valenciana al subir la tarifa por encima de la escala general, aunque sin llegar al nivel extremo que rige en la región, donde el contribuyente paga, a igual valor patrimonial, el doble que en Francia. Por ahora, sólo Madrid ha suprimido el impuesto, mientras La Rioja presenta el impuesto más bajo de todas las que sí lo aplican, y la hacienda alavesa tienen un mínimo exento de 800.000 euros, algo más generoso que los 700.000 en las comunidades que no lo han reducido.
