El Grupo Parlamentario Socialista no obstaculizará la aprobación por lectura única del proyecto de Ley de Crédito Extraordinario de Extremadura, porque el estímulo a la economía autonómica no puede esperar, aunque el Gobierno regional no haya cumplido con su promesa "a bombo y platillo" de acordar el contenido de la norma.
El anteproyecto de ley, que fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, permitirá el gasto de los 44 millones de euros adicionales fruto de la flexibilización del objetivo de déficit para el 2013.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, considera, al no haberse acordado nada respecto al destino de las inversiones, que se ha perdido mes y medio desde que se conoció la posibilidad de gastarse 44 millones más.
García recuerda que desde el primer momento los socialistas anunciaron que no iba a poner "ninguna pega" para que la ley se aprobara cuanto antes, el único acuerdo que ha habido, y, a partir de ahí, mostraron su disposición a negociar el contenido de la norma, que se aprobará previsiblemente en el pleno del Parlamento del próximo 24 de octubre.
El diputado socialista advierte que, una vez que se conozcan las inversiones por municipios, aprovecharán para averiguar si ha habido acuerdos con otros grupos parlamentarios.
En este sentido, subraya que estarán "vigilantes" con las inversiones municipales, ya que sería "chocante" que los 183 ayuntamientos gobernados por el PSOE recibieran menor inversión que otras fuerzas políticas con menor representación parlamentaria.
Frente a un reparto objetivo, el Gobierno regional, a su juicio, ha optado por hacerlo "unilateralmente" y "discrecionalmente" por las distintas consejerías en función de los "intereses del PP".
García considera que la ley debería de estar ya aprobada, ya que, además, como el PP es "incapaz" de ejecutar las inversiones, en dos meses hasta final de año no va a haber tiempo suficiente para gastar los 44 millones.
El diputado socialista vuelve a defender la filosofía de su partido en este asunto: que más del 50 por ciento de la inversión vaya a parar a los ayuntamientos y que la población del municipio y su número de parados sean los criterios de reparto.
