Prevenir a alumnos de instituto contra la droga es una de sus funciones. En 2017 llegaron a unos 1.600 chavales de la comarca. Y sumando todos los programas, atendieron a alrededor de 2.500 usuarios. Pero este año ninguno de sus proyectos podrá salir adelante porque se han quedado sin la subvención anual. Más de 90.000 euros que suponían el 75% de su financiación. La Asociación de Madres contra la Droga en Villafranca de los Barros (Amadrovi) es la más afectada de la Federación Extremeña de Atención al Drogodependiente (Fexad), la cual, en general, tendrá que reducir de 60 a 12 los programas por la falta de dinero. «Supone la quiebra de nuestra red», se lamenta el presidente, Jesús María Vázquez. Y Fexad no es la única. Hay muchas más entidades perjudicadas en la región por esta reducción económica.

¿La causa? Este año por primera vez ha sido la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales -y no el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad- la que ha gestionado la convocatoria de ayudas para proyectos de acción social que son a cargo del IRPF, esto es, la subvención anual que se nutre de las aportaciones de los ciudadanos cuando marcan la casilla de fines sociales de la Declaración de la Renta.

Para la mayoría de las asociaciones de Extremadura este dinero es vital para mantener la actividad. Pero la valoración empleada en esta ocasión ha sido distinta, de manera que programas que llevaban en marcha años e incluso décadas perderán ahora su continuidad por falta de recursos económicos.

«CONCURRENCIA COMPETITIVA» / Segun la Junta, el criterio aplicado ha sido «la concurrencia competitiva». De este modo, de los 484 programas que se han presentado, únicamente 91 han recibido ayuda. O lo que es lo mismo, de las 160 asociaciones aspirantes, solo 33 han sido beneficiarias (el 20%).

Desde Políticas Sociales, Infancia y Familia de la Junta, su directora general, Carmen Núñez, justifica la situación en que han acudido a la convocatoria un número mucho más elevado de entidades. «Había algo más de seis millones de euros para repartir y se han presentado programas por valor de 27 millones», asegura Núñez.

Aunque también apunta: «Antes el Ministerio daba el dinero a la federación y esta la repartía entre sus asociaciones. Ahora se ha obligado a cada entidad a presentar un proyecto propio, y en el caso de Amadrovi, por ejemplo, era un proyecto prácticamente en blanco donde no se especificaba la función que llevan a cabo. Por eso no se le ha concedido la ayuda».

No obstante, reconoce igualmente: «Para el próximo año habrá que replantear los criterios de otra manera y quizás no se deba financiar determinados programas al 100%, o no puntuar tanto el número de voluntarios de las entidades, porque es cierto que hay proyectos muy importantes que esta vez se han quedado fuera».

«EL PEZ GORDO SE COME AL CHICO» / La realidad es que más de la mitad de la cuantía económica disponible para 2018 se la han llevado Plena Inclusión, Cruz Roja, la Asociación contra el Cáncer y Cáritas. Mientras que las pequeñas entidades han sido la más perjudicadas. «Aquí, como en la vida misma, el pez gordo se come al chico», resume Jesús María Vázquez, quien también apostilla: «Programas con una larga trayectoria en varias localidades dejan de tener financiación y deben suspenderse, con lo que supone para usuarios y trabajadores».

¿La solución? La portavoz del Gobierno, Isabel Gil Rosiña, afirmó que se va a «estudiar a aquellas que se han quedado fuera para intentar que concurran a otras convocatorias que existen en esta materia». Y añadió que el propio consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ya se había reunido ayer con una de las afectadas, aunque desde la consejería no quisieron especificar con cuál. Sí confirmaron que se mantienen conversaciones con diversas entidades.

«COMO EN OTRAS COMUNIDADES» / Pero lo cierto es que las asociaciones perjudicadas (que trabajan en diversas materias: igualdad, adicciones, trastornos alimenticios, discapacidad...) ya deberían haber recibido la subvención de cada año para darle continuidad a sus programas de acción social -muchos de ellos desarrollados en pequeñas localidades- y, hasta que no haya una salida, estos proyectos están destinados a desaparecer. Y con ellos sus trabajadores y usuarios.

«En otras comunidades con un problema similar se va a establecer una línea extra de ayudas con el fin de paliar o, al menos aliviar, esta situación», expresa el presidente de Fexad, que además subraya que «en los últimos años ha existido un importante recorte en las subvenciones recibidas de la propia Junta, lo que hace que la situación sea absolutamente insostenible».