Sólo una de las tres asociaciones de jueces y magistrados, Jueces para la Democracia, respalda el anteproyecto de la Ley Orgánica Integral de Medidas contra la Violencia ejercida sobre la Mujer. Esta asociación la ve "positiva", mientras que la de Francisco de Vitoria y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) la rechazan porque la consideran "inconstitucional".

Así lo han constatado a EL PERIODICO sus portavoces en Extremadura, Jesús María Gómez Flores, Joaquín González Caso y José Antonio Lara, respectivamente, una vez conocido que antes de finales de mes el anteproyecto de esta nueva ley llegará al Congreso para su aprobación.

Los plazos fijados por el Gobierno se mantendrán, pues pese a que el Consejo General del Poder Judicial ha rechazado el texto "por discriminatorio e inconstitucional", el Gobierno insiste en seguir adelante.

OPINIONES DISPARES El portavoz en Extremadura de Jueces para la Democracia, Jesús María Gómez, valora positivamente el contenido de esta nueva ley. Destaca, entre otras cuestiones, su especial incidencia en el aspecto preventivo; la ampliación de las medidas de protección en el ámbito sociolaboral y de ayudas económicas, "pues sin ellas resulta prácticamente imposible reincorporar a las mujeres maltratadas a la sociedad de forma activa"; y la previsión legal de realizar una evaluación de su aplicación a los tres años.

Destaca, asimismo, su finalidad de favorecer la rehabilitación del agresor, además de endurecer las penas, "algo que por sí sólo es insuficiente"; e incidir en la mayor especialización de jueces, fiscales..., "lo que servirá para mejorar la respuesta judicial y la coordinación con instancias policiales, sanitarias...".

Por su parte, González Caso, presidente en Extremadura de Francisco de Vitoria, indica, en primer lugar, que desde su asociación se cuestiona la necesidad de aprobar una nueva normativa respecto a la violencia doméstica cuando hace tan sólo nueve meses que, por un pacto PP y PSOE, se aprobó la anterior.

Respecto a la nueva ley advierte de que "es inconstitucional", ya desde su título y también en otros aspectos, como el referente a las penas, "pues se van a aumentar, pero sólo cuando el maltratador sea el varón y la maltratada la mujer". Ante este hecho, González Caso llama la atención sobre otro hecho "también preocupante", la desprotección de esta ley para con los menores y los mayores, "pues se va a producir la circunstancia paradógica de que si un padre maltrata a su hijo o al abuelo, el hecho se verá agravado, pero no así si es la madre la que maltrata".

Para Francisco de Vitoria "este proyecto de ley debería ser modificado antes de aprobarse", opinión que comparten desde la APM José Manuel Suárez y José Antonio Lara, portavoz nacional y regional respectivamente, que, por las razones ya expuestas, califican esta ley de "inconstitucional y discriminatoria".

Consideran que en su texto hay muchos defectos y lagunas, y que no es conveniente aprobar una ley que ya nace con defectos. Estiman necesario tomar medidas para acabar con la lacra de la violencia doméstica, "algo en lo que se ha de trabajar, en lo que todos hemos de colaborar, pero llegando a soluciones y propuestas que no sean contrarias a la igualdad y la Constitución".