El Tribunal Supremo ha anulado el decreto extremeño, de 1997, que regulaba los medicamentos veterinarios y los piensos medicamentosos a petición de las Asociaciones Provinciales ce Empresarios Farmacéuticos de Cáceres y de Badajoz. De esta forma, la sentencia del 6 de abril de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Supremo señala, sin entrar en el fondo del decreto, que la Junta de Extremadura no solicitó el informe preceptivo del Consejo de Estado.
ASPECTO FORMAL Aún así, este auto no entra en el fondo de la cuestión denunciada por los farmacéuticos, que reclamaban que la comunidad autónoma establezca la obligatoriedad de que cada punto de dispensación de estos productos sea controlado por un único profesional farmacéutico.
Juan Carlos Antequera, director general de Explotaciones Agrarias de la Consejería de Agricultura, explicó a este diario que, pese a todo, este revés judicial no supondrá en la práctica muchos problemas al sector, puesto que la Junta llevaba unos meses trabajando en un nuevo decreto para amoldarlo a la nueva situación estructural de las diferentes Administraciones.
El borrador de la nueva norma está ya en manos de los servicios jurídicos del Gobierno extremeño y el objetivo es que en septiembre pase al Consejo de Gobierno de la Junta y sea aprobado definitivamente. Antequera señaló que precisamente por esto la Junta no ha entablado una batalla judicial.
