Desde 1979, año en el que se inauguró el trasvase Tajo-Segura, la polémica en torno a esta infraestructura ha sido continua. Una situación que se ha complicado aun más tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que anula varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo porque no fija caudales ecológicos. Mientras que los partidarios del trasvase no dan la batalla por perdida, las plataformas en defensa del río celebran un dictamen que, a su juicio, garantiza tanto las demandas de la cuenca como sus necesidades ambientales.
La sentencia, emitida el 11 de marzo, cuestiona que no se hayan establecido caudales ecológicos —el agua necesaria para preservar los valores ambientales del cauce—, sino solo legales en Aranjuez (Madrid), Toledo y Talavera de la Reina (Toledo), fijados en 6 metros cúbicos por segundo en la primera y 10 metros cúbicos por segundo en ambas ciudades toledanas. También recuerda que satisfacer las demandas ambientales (como los caudales ecológicos) es una condición previa para calcular otros usos (trasvases, por ejemplo). La decisión del alto tribunal obligará a la Confederación Hidrográfica del Tajo a que el trasvase fije unos caudales ecológicos en los embalses en cabecera, lo que podría modificar el volumen de agua que llega al Segura.
Pocos días después de conocerse esta resolución, el martes pasado el alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos, indicó que el ayuntamiento había recibido otra resolución de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que estimaba parcialmente el recurso presentado por el consistorio contra el Plan Hidrológico del Tajo. Sigue la misma línea de la anterior, pero va más allá al anular todos los objetivos medioambientales establecidos en la normativa para la cuenca del Tajo, según aseguraron a Efe fuentes de la Plataforma de Defensa de los Ríos Tajo y Alberche, de Talavera de la Reina.
Ha sido en Castilla-La Mancha, la región más afectada por el trasvase y la que más ha protestado contra él, donde más se han celebrado ahora estas sentencias. No obstante, 16.676 kilómetros cuadrados, casi un 30% de la superficie de la parte española de la cuenca hidrográfica del Tajo, pertenecen a la provincia de Cáceres. ¿Qué influencia tendrán en ella los cambios a los que obliga el Supremo? «En Extremadura, como en Portugal, será mucha», responde Julio Barea, responsable de la Campaña de Aguas de Greenpeace, que subraya que el agua que llega tanto al tramo extremeño como al portugués del río es «poca y sucia. Está supercontaminada». No obstante, matiza, «el problema de Extremadura es que el río tiene tantos embalses que el agua no corre libre y esta altísima regulación lo artificializa mucho, pero por lo menos va a tener un poco más de caudal».
Más agua y, previsiblemente, de mejor calidad, esgrime, lo que permitirá que las especies de este ecosistema fluvial puedan «vivir con menos estrés» y que «incluso sea posible recuperar algunas de carácter emblemático» para el río y que ahora se encuentran amenazadas.
En este sentido, recalca, «las especies de vertebrados más amenazadas en España, incluso en Europa, son las de la ictiofauna fluvial. Siendo además los peces de la península Ibérica especies endémicas, que no existen más que aquí. Tenemos una joya que no estamos cuidando en absoluto. Hemos introducidos muchas especies alóctonas, pero las de aquí las estamos machacando, porque no hay caudal en los ríos, que además van muy contaminados», agrega.
De la cabecera a Portugal
Aunque Barea apunta que también «Portugal se ha estado quejando en los últimos meses de insuficiencia de aguas y de que están muy contaminadas», es en la cabecera del río y en su tramo castellano-manchego donde más repercusión tendrán las resoluciones del Supremo. El Tajo empieza a contener un caudal importante, aclara, a partir de su confluencia con el Jarama, por lo que incorpora los vertidos «de todas las depuradoras de Madrid», lo que lleva a convertirlo en «una auténtica cloaca» de la capital. «El Tajo es realmente un río que está agonizando. Es un enfermo comatoso al que le siguen sacando sangre para dársela a otro», argumenta. Lo peor, asegura, es que el trasvase se hace «para que otros hagan negocio y se malgaste el agua, porque si fuera para beber, por supuesto».
En 2017, esta organización ecologista publicó un estudio en el que se defendía que la cuenca del Segura es autosuficiente y que en el plazo de tres años podría desconectarse el trasvase. Una infraestructura que, se denunció entonces, se utilizaba para seguir alimentando proyectos urbanísticos de la burbuja inmobiliaria o regadíos intensivos ilegales.
«El Plan Hidrológico del Tajo tan solo fija caudales ecológicos en el 7% de las masas de agua, que es muy poquito. Ahora, lo que ocurre es que tendrán que fijar caudales ecológicos en el 100% de ellas. Y muchas están en Extremadura», puntualiza Santiago Martín Barajas, portavoz de Agua de Ecologistas en Acción, que coincide en que los cambios a los que obligan las sentencias tendrán «mucho» impacto en el tramo extremeño del río. «No solo en el Tajo, sino también en sus afluentes [extremeños], que van a tener todos fijados caudales ecológicos», lo que hará que «haya mucha más vida: peces, plantas...»
En el caso de los regantes de la región, estos consideran que la influencia de las sentencias será menor. «Perjuicio no nos hace ninguno, si acaso beneficio, pero tampoco se puede cuantificar. Si lo que se dice es que tiene que haber más agua en el río, significa que va a estar en mejor estado y que, a la hora de dar agua a Portugal [por el Convenio de Albufeira], a lo mejor tenemos que soltar menos», señalan fuentes de la Federación de Comunidades de Regantes del Tajo (Fertajo).
En la región, directamente del Tajo, precisan, «no regamos casi ninguna» comunidad, sino que se toma agua de embalses en afluentes, que están en la cuenca del Tajo pero «con sus propios recursos». Y en el caso de la de Valdecañas, que sí lo hace, «nunca tiene problemas porque es un embalse muy grande para la dotación de agua que tiene».
