El Supremo da la razón a Extremadura en el conflicto del cava

El Gobierno de España había establecido que tendrían en cuenta las propuestas del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava para aprobar la superficie de nuevas plantaciones dentro de su ámbito de actuación, ha recordado La Unión en un comunicado.

Esta organización agraria ha precisado que los diez vocales que componen el Consejo Regulador de la D.O. Cava son productores e industriales de Cataluña, por lo que "ante la disminución del consumo del cava de origen Catalán habían decidido congelar o disminuir a su mínima expresión las nuevas superficies de este cultivo".

"Aunque es cierto que el mercado de cava de procedencia Cataluña estaba disminuyendo su mercado, en cambio el cava del ámbito territorial de Almendralejo y Valencia estaba aumentando su consumo de manera importante", ha advertido La Unión de Extremadura.

Así, ha indicado que en el año 2019 se comercializaban alrededor de seis millones de botellas de cava de Almendralejo y a corto plazo hay una previsión de alcanzar las 10 millones de botellas.

"Por este motivo en Extremadura entendíamos que no era legal el congelar las nuevas plantaciones en todo el ámbito geográfico, ya que en algunas comarcas no había problemas de crecimiento de la demanda", ha reiterado.

Con esta sentencia se debería aclarar, a su juicio, el futuro de las autorizaciones de las nuevas plantaciones de cava en Almendralejo.

La Unión Extremadura ha exigido al Ministerio de Agricultura que, teniendo en cuenta los fundamentos de derecho de la sentencia enunciada, que negocie con la totalidad de la comunidades autónomas el nuevo real decreto para autorizar las nuevas plantaciones de viñas con destino cava y no tenga en cuenta las propuesta que vengan exclusivamente de un territorio.

La Junta de Extremadura ha informado a Efe de que está analizando la sentencia y que el lunes hará las valoraciones pertinentes.