Los 260 enfermeros de Atención Continuada que lograron una plaza fija en las oposiciones del Servicio Extremeño de Salud (SES) de 2007 ya pueden respirar un poco más tranquilos. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la opositora que llevó a los tribunales este proceso selectivo. En su sentencia, firmada el 14 de junio, rechaza la repetición del segundo examen de esta oposición porque perjudicaría "gravemente" la prestación del servicio sanitario público y sería un "castigo desmesurado" para los opositores que lograron sus plazas, 263 personas que ocuparon sus puestos de funcionarios en el SES en el año 2010.

El fallo del Alto Tribunal también deniega la indemnización que pedía la opositora recurrente: 1,4 millones. Considera que el cálculo realizado por la aspirante "es totalmente inadecuado" porque lo único que se podría garantizar es que esta mujer repitiera el segundo examen pero no que aprobara y lograra obtener una plaza. Por ello, fija como "razonable" una indemnización de 40.000 euros, que sólo recibirá la opositora que recurrió y no el resto de aspirantes --unos 15-- que se personaron en la causa.

El Supremo refrenda así el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que, a instancias de la Junta, en 2014 advirtió de la imposibilidad de ejecutar la primera sentencia del Supremo que obligaba a retrotraer las actuaciones al inicio del segundo examen de la oposición referida. Resulta curioso que el Supremo reconozca ahora que no puede cumplir la sentencia que éste mismo órgano estimó en junio de 2013.

LA NOTA DE CORTE La trama judicial comenzó hace más de tres años, cuando una de las aspirantes, agotada la vía administrativa, denunció en la Justicia que el tribunal de oposición varió la nota de corte del segundo examen del proceso una vez realizado éste, inicialmente era de un 5 y luego pasó a un 6. En junio del 2013 el Tribunal Supremo falló a favor de la opositora y obligó al SES a repetir esa oposición desde el segundo ejercicio.

Ante esta decisión, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el órgano encargado de ejecutar la sentencia, emitió en octubre de 2014 un auto en el que declaró la imposibilidad de llevar a la práctica el fallo del Supremo alegando que su cumplimiento causaría más perjuicios que no hacerlo porque supondría que los 260 enfermeros que obtuvieron plaza fija dejaran de ser funcionarios.

La opositora, con otros 15 aspirantes que se personaron en la causa, recurrió ese auto del TSJEx primero ante el propio tribunal extremeño y tras ser rechazado presentó un recurso de casación ante el Supremo. Por otra parte, la Junta y cerca de un centenar de aspirantes también recurrieron al tribunal extremeño para que mantuviera su auto y la imposibilidad de ejecutar el fallo inicial. Ahora, el Supremo resuelve el recurso de casación: se desdice de su sentencia inicial y estima las consideraciones del TSJEx para no repetir la prueba.

En el fallo queda patente además la disconformidad de uno de los magistrados que sí considera que se debería repetir el ejercicio. Esgrime que se da por sentado la imposibilidad de ejecutar la sentencia sin valorar las razones aducidas por los recurrentes en casación y que entre los dos fallos del Supremo "no hay circunstancias sobrevenidas que hayan determinado la aparición de una situación jurídica y de derechos distinta a la que existía cuando se produjo el pronunciamiento de esta sala", señala el magistrado que discrepa.

AMPARO Sobre este último fallo todavía cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El abogado de la opositora reconoció en 2014 a este diario que agotaría todas las vías disponibles, aunque Marcos Municio, el letrado de varios de los aspirantes que lograron plaza señala que el recurso de amparo tendría pocos visos de prosperar. Asegura que esta sentencia viene a dar tranquilidad a los enfermeros que llevan tres años sufriendo una gran angustia ante la posibilidad de perder sus puestos de trabajo.

De esta sentencia y su posterior recurso o no, dependen también las oposiciones de Enfermería de Atención Continuada de la convocatoria del 2011, que están paralizadas a la espera de que se resuelva este conflicto de la convocatoria anterior. Hay 2.900 personas inscritas para participar en este proceso pendiente en el que hay en juego 45 plazas fijas.