Es la primera vez que se evalúa la calidad de los exámenes de las oposiciones para ingresar en la Junta de Extremadura y no ha superado el aprobado. Esta es la conclusión a la que ha llegado la Federación de Servicios y Administraciones Públicas (FSAP) de CCOO, tras haber recopilado todas las incidencias producidas en los primeros exámenes tipo test de las 62 especialidades de funcionarios y laborales.
Según FSAP-CCOO, en el 67,42% de los exámenes confeccionados para el personal laboral se ha anulado o rectificado alguna pregunta. En cuatro especialidades se ha eliminado tan sólo una pregunta, mientras que en otras nueve sus exámenes se han visto afectado por suprimirse o rectificarse entre cuatro o diez preguntas.
Medicina, la que más
El Grupo 1, titulados superiores, ha sido el más afectado, ya que en el 80% de los exámenes se han anulado preguntas, siendo la especialidad de medicina general en la que más se han eliminado o rectificado, con un total de 10 sobre 120.
FSAP-CCOO señala también que se han tenido que anular preguntas en el 71,46% de los exámenes confeccionados para el personal funcionario, siendo los de ingeniero técnico agrícola y los de ingeniero técnico forestal, los casos más significativos al llegar hasta 12 preguntas y presentar los aspirantes recursos de alza en bloque.
La media de exámenes en los que se han dado cuestiones mal planteadas, fuera de temario o que se ha modificado la respuesta considerada la más correcta, es del 69,44%, un porcentaje significativamente alto.
Sin embargo, lo verdaderamente preocupante, destaca FSAP-CCOO, son los 20 exámenes, tanto de personal laboral como de funcionario, en los que se han anulado o rectificado entre 3 y 12 preguntas, lo que supone el 32,25% del total. Según la federación éste es "un argumento sólido para todos los opositores que acaben planteando recursos contencioso administrativo", quedando en manos de los jueces la repetición o no de los exámenes cuestionados.
La solución para futuras convocatorias, tal y como aseguran desde FSAP, pasará por incluir preguntas de reserva y modificar el proceso de designación de los miembros de los diferentes tribunales, "si lo que realmente se quiere es trasmitir la seguridad de jurídica de los aspirantes a las plazas".
Además, añade, sería conveniente que se negociara una normativa con las centrales sindicales para clarificar la confección del temario, las fuentes donde encontrar los temas, la bibliografía, y el papel de los observadores sindicales.
Por último, FSAP afirma que es necesario "garantizar una transparencia total en cuanto a la elaboración, el fotocopiado, la custodia y la corrección de los exámenes".
