El sector tabaquero empieza a acostumbrarse a vivir en la incertidumbre. Todavía no conoce qué dinero recibirá de la Política Agraria Común (PAC) de los 47.000 millones de euros que hay que repartir en España, tras la retirada de las ayudas acopladas, y afronta con escepticismo la nueva directiva europea sobre los productos del tabaco que supone cambios importantes en esta industria. El Parlamento Europeo dio el pasado martes el visto bueno a la reforma prevista, pero no será hasta final de año cuando en el Consejo de Europa se adopte una decisión firme.
Acostumbrados a la tempestad, el sector espera la resolución de ambos acuerdos con pocas garantías, aunque sus productos siguen teniendo una alta demanda. Un estudio de EAE Business School evidencia que el gasto en tabaco por parte de los extremeños ha caído en el último año más de un 21%, sin embargo la venta por los canales ilegales se ha triplicado desde el 2010. Y este es uno de los principales temores del sector, el aumento del contrabando que restará empleos, pero también impuestos al estado.
El consejero extremeño de Agricultura José Antonio Echávarri ha manifestado en varias ocasiones que según el estudio de impacto de la directiva europea, las medidas podrían reducir el consumo solo un 2% y a largo plazo, mientras el impacto para el empleo será mucho más negativo para un sector del que viven más de 20.000 familias extremeñas, concentradas en una veintena de municipios del norte de Cáceres.
EXPECTATIVAS ¿Tiene futuro el tabaco? "Tiene un futuro oscuro, complicado y difícil. Estamos preocupados", sostiene Juan Páramo, portavoz de la Mesa del Tabaco --entidad que aglutina en España a agricultores, fabricantes, industria y distribuidores--. "No estamos en contra de la directiva, sino de algunas medidas que consideramos que tendrán más perjuicios que beneficios", añade Páramo, que lamenta que no existen estudios que evidencien que las medidas aprobadas ahora por el Parlamento tendrán como consecuencia una reducción del consumo y la protección de menores para su acceso.
Sin embargo, si existe un documento elaborado por Analistas Financieros Internacionales, que asegura que el impacto del cambio normativo puede dar al traste con más 10.000 empleos y 1.700 millones de euros en España- En Extremadura, productor de más del 90% de las 34.000 toneladas que se producen en el país, pueden perderse más de 1.300 empleos y 17,6 millones, concreta el informe.
"Los cambios que quiere introducir Europa pueden perjudicar gravemente a los productores, porque al final es el eslabón de la cadena que más sufre", afirma Teófilo Moreno, presidente del Consejo Consultivo del Tabaco Copa-Copega. Las principales amenazas para este colectivo son el posible descenso del nivel de contratación y compra de las manufactureras por la prohibición de algunos ingredientes y una bajada o congelación de los precios ante los cambios que deberían realizar las marcas en el empaquetado.
SEGUNDO TIEMPO "Estamos preocupados, la cosa no ha salido bien en el Parlamento, pero el partido todavía falta la segunda parte y esperamos que se pueda arreglar algo", cuenta Moreno apelando a la ministra de Sanidad, Ana Mato, que defenderá la postura de España en esta recta final.
Asimismo, a estas preocupaciones se suman las inversiones realizadas recientemente por parte de los productores y que para el 2015, fecha en la que podría entrar en vigor la nueva directiva, no estarán amortizadas. "Nos dijeron que teníamos que hacer el sector más competitivo y somos pioneros en una reestructuración. La mayoría de nuestro tabaco virginia lo estamos secando ya con biomasa. Lo hicimos para ganar competitividad y mejorar los precios y ahora nos cae este jarro de agua fría encima, tanto por la PAC como por la directiva", lamenta Moreno.
Los productores viven con incertidumbre el futuro a corto plazo, mientras que para los próximos tres años tienen garantizada la venta de su producción, o al menos de parte de ella, tras la firma de varios acuerdos entre el gobierno regional y tres grandes tabaqueras: Japan Tobacco International (JTI), Philip Morris y Altadis. "Las cantidades serán las suficientes para dar tranquilidad al sector", precisó el presidente José Antonio Monago hace dos semanas tras el convenio con la multinacional japonesa.
Además de en el campo, la preocupación es política. El Parlamento extremeño es firme en su negativa contra la actual directiva y tras el paso adelante en Estrasburgo, partidos y sindicatos urgen soluciones. UGT y CCOO con el apoyo del PSOE, exigen al Gobierno recuperar las ayudas que han existido hasta el 2012. Piden que se retome el Plan de viabilidad anterior que contaba con más de 190 millones para impulsar este negocio. "El Gobierno debe mover ficha, máxime cuando los agricultores han hecho los deberes al ganar competitividad y calidad", argumentan.
