Dispuestos a colaborar, sí, pero no si esto supone que tienen que poner fondos de sus arcas. Es la postura manifestada por los ayuntamientos consultados por este diario acerca de la posibilidad, planteada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de llegar a acuerdos con aquellos consistorios y diputaciones que estén interesados en mantener la venta presencial en las estaciones de tren cuyo cierre está previsto a partir del 1 de abril próximo.

Con el cambio de año, Renfe asumió el despacho de billetes en 142 estaciones españolas en las que, hasta ese momento, Adif se ocupaba de esa tarea. En Extremadura, eran algo más de una decena. Una de ellas, la situada en Castuera. «Esto no solo no son competencias municipales, sino que quedan muy lejos de ellas», sostiene su alcalde Francisco Martos. Él muestra su disposición a hablar, «porque este es un problema que hay que resolver», pero deja claro que «es Renfe quien tiene que mantener el servicio, ni los ayuntamientos ni nadie más», por lo que no considera que la solución pase en ningún caso por poner fondos municipales. «Nuestra competencia es pelear para que este servicio se mantenga», remacha el regidor de esta localidad pacense, en la que, de acuerdo a los datos de Adif, se contabilizan 24 viajeros por día. «Son fundamentalmente estudiantes que van a Cáceres, Mérida o Badajoz», puntualiza Martos.

Nueve son las personas que según el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias toman cada día el tren en Mirabel, un servicio al que recurren los vecinos de este municipio cacereño y de varias poblaciones de sus alrededores cuando quieren desplazarse a Plasencia, Cáceres o Madrid. «Muchos de ellos son personas mayores, que no se defienden con la venta por internet ni con las aplicaciones móviles. Y la oficina de Correos [la otra opción que se ha puesto encima de la mesa] está abierta solo una hora al día y a primerísima hora de la mañana», señala su alcalde, Fernando Grande. También remarca que no se trata de un «servicio de competencia municipal, quien tiene que prestarlo es la compañía». «Nosotros no podemos poner fondos públicos a disposición de la empresa», agrega, para concluir que «si estamos hablando permanentemente de que hay un problema de despoblación y de pérdida de servicios en el ámbito rural, vamos a intentar no quitar más servicios de los que ya se han eliminado. Y este es uno importante».

«Ni un duro»

«Ni un duro»«El Ayuntamiento de Cañaveral no está como para hacer el mínimo esfuerzo en esta gestión. Eso tienen que ser otras administraciones, pero nosotros no podemos aportar ni un duro», arguye su alcalde, Jacinto Sánchez. Aquí también son una decena los pasajeros que cada jornada se suben al tren en esta estación, que además es empleada por vecinos de poblaciones cercanas como Coria o Torrejoncillo.

Almendralejo es una de las localidades extremeñas de mayor tamaño afectadas por el plan de cierre de estaciones. «Vamos a escuchar la postura de Renfe, pero si se trata de un desembolso económico, el ayuntamiento entiende que no debería realizarlo porque supondría, aparte, un agravio comparativo con otras empresas de servicios públicos que pudieran estar en la misma situación», precisan fuentes del consistorio almendralejense.

Desde el de Montijo se ha presentado recientemente una queja formal ante Delegación del Gobierno por la situación de la estación, cuyas dependencias están clausuradas «desde hace ya tiempo» y cuya máquina de expedición «está fuera de servicio desde octubre», indica el alcalde montijano, Manuel Gómez. «Los usuarios [44 por día] no pueden utilizar ni las instalaciones ni los baños. Nos tenemos que poner debajo de una cubierta, pegados al edificio, que está cerrado a cal y canto», detalla.

Como sus homólogos de otras localidades, se muestra dispuesto a dialogar con Renfe, pero cree que «lo último que tendría que hacer» el consistorio que preside es poner dinero porque este servicio «no es municipal».

Desde el ministerio también se aludió a las diputaciones provincias como posibles socios en estos acuerdos que permitiesen mantener la venta presencial. Desde las dos extremeñas se prefiere no entrar a valorar aún esta alternativa, al no tener todavía ninguna comunicación oficial. «No hemos recibido absolutamente nada, solo conocemos la declaración de intenciones que se ha hecho pública a través de los medios», se indicó desde la pacense.