Aunque se desconoce el importe exacto de la nueva subida de la tarifa eléctrica que tendrá lugar el 1 de enero de 2014, y que seguramente no será del 11% como resultó de la última subasta anulada por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), sí que es previsible que alcance un valor notable.
Como llueve sobre mojado, esta nueva subida traerá consecuencias muy negativas a muchos de los sectores de la economía extremeña para los que la energía eléctrica representa un importante componente de sus costes.
Desde la malhadada ley 24/1997 de 27 de noviembre, hoy revisada con al parecer escaso éxito porque no resuelve la mayor parte de los problemas, el coste de dicha energía no ha hecho más que incrementarse y eso que se anunció urbi et orbi que la pretendida liberalización, muy difícil en un mercado oligopolístico como el español, lo abarataría. A partir de entonces el coste de la electricidad en España asciende inexorablemente y en estos momentos está a la cabeza de Europa. Desde 2008 ha subido un 63%: el máximo europeo.
Las consecuencias para Extremadura están siendo muy negativas pese a que somos una región productora neta de electricidad. Para la reducida industria pesada que tenemos, la siderúrgica y la del cemento a la cabeza, el coste energético implica un elevado porcentaje de sus costes totales y cada subida es un mordisco a posibles beneficios y a su competitividad.
A la industria agroalimentaria, de gran importancia en nuestra región y para la que la energía eléctrica también representa una elevada proporción de sus inputs, le ocurre tres cuartos de los mismo y este tarifazo representará una vuelta de tuerca más en su competitividad de cara a las exportaciones, que son un componente fundamental de su actividad y de la economía extremeña.
EN SECTORES de base como los regadíos, esta nueva subida, que se suma a las habidas desde 2008, año en que se suprimieron las tarifas especiales de riego R0 y R1, llevará al límite de la rentabilidad a muchas explotaciones con riegos presurizados, muchos de ellos instalados recientemente en el proceso de modernización de los regadíos. Ahorrar agua (modernización) casi siempre se hace a costa de aumentar el uso de la energía.
Y por último, los hogares extremeños cuya renta disponible es la más baja de España, verán aumentados sensiblemente sus ya elevados costes y bastante de ellos se verán abocados a la "pobreza energética", al no poder hacer frente a su incremento.
El Gobierno de la nación debería poner pie en pared y reconducir de una vez por todas este desmadre energético, poniendo en su sitio al lobby eléctrico que lleva años y años haciendo de las suyas y obteniendo pingües beneficios, de modo que se prioricen los intereses generales de los españoles por encima de los de determinados grupos de presión. ¿Será esto posible? Albergo serias dudas.
