Que un alumno llegue a poner la mano encima a un profesor es un hecho inusual y aislado en Extremadura, pero desde que comenzó el curso se ha repetido al menos en tres ocasiones. En apenas 20 días tres docentes extremeños han denunciado haber sufrido violencia física por parte de alguno de sus alumnos en tres centros distintos de Badajoz, Miajadas y Zalamea de la Serena.

La Consejería de Educación reconoce que no tiene un registro de casos pero desde el servicio de Inspección señalan que en los últimos cursos no ha tenido constancia de agresión a docentes por parte de alumnos hasta hace apenas 20 días. Y es que no todos los casos de este tipo que se registran en Extremadura pasan obligatoriamente por la Consejería de Educación. «Los centros educativos tienen autonomía y aplican el protocolo existente o determinan la expulsión de los alumnos que se comportan de forma inadecuada cuando así lo consideren».

Sin embargo, los sindicatos quieren que se dé un paso más y no solo se contemple la expulsión del centro durante unos días cuando se registra una agresión sino que sea definitiva y de forma automática. De esta manera, el alumno no podrá volver al instituto donde trabaja el profesor agredido, sino que tendría que asistir a otro distinto. Esta es una de las medidas planteadas por el sindicato PIDE en un escrito remitido ayer a la consejería extremeña, en el que propone también la expulsión del sistema educativo de un alumno agresor cuando supere los 16 años. PIDE señala que los tres últimos casos registrados en la región «constituyen una escalada de agresiones sin precedente» y añade que hay otras agresiones que no saltan a los medios de comunicación. «Hay docentes que por vergüenza no se atreven a denunciar una situación de este tipo y hay otro tipo de agresiones que no son físicas pero sí morales como desprecios, acoso,...», denuncia.

Observatorio de la Convivencia

Por ello pide que en la próxima comisión permanente y pleno del Observatorio Regional para la Convivencia Escolar -que se reunirá en diciembre- se incluya en el orden del día una modificación del protocolo existente ante las agresiones para incluir, entre otras, las medidas de expulsión automática, porque ahora «la respuesta de la Administración es más garantista con el alumno agresor que con el docente agredido». Urge también la revisión del plan de la convivencia por acoso escolar para introducir mejoras, tal y como planteó el secretario general de Educación la semana pasada.

Medidas de este tipo ya han sido solicitadas en la región también por ANPE. El sindicato reclamó la semana pasada en una nota el cambio de centro de los alumnos agresores para preservar el derecho a educar del docente agredido sin tener que volver a trabajar con ese estudiante. «Hay que ponerse en la piel del docente y entender lo humillante y doloroso que puede llegar a ser impartir clases a un alumno que te ha agredido, aunque haya pasado un mes», destacó.

Para ANPE es necesario también desarrollar una ley específica de la condición de Autoridad Pública del Docente, como tienen otras comunidades. «Sin ese desarrollo su utilidad es meramente testimonial en la Ley de Educación de Extremadura».

Por su parte, desde CSIF recordaron la semana pasada que, según la Memoria sobre Convivencia en Centros Escolares del Observatorio de la Convivencia de Extremadura, durante el curso 2015-2016 se registraron más de 10.000 casos de conductas graves por parte de los alumnos. El sindicato ha solicitado que se arbitren las medidas oportunas para evitar las agresiones en los centros y respaldar y apoyar a alumnos y docentes que las sufran, dignificando la labor del profesorado con campañas adecuadas para que la sociedad valore su función.

Los sindicatos reclaman la implicación de toda la comunidad educativa y también de la judicatura para actuar contra estas conductas. «Tenemos que estar todos unidos», destaca PIDE.