La Constitución Española ya es hoy otra, diferente a la que el país tenía hace solo una semana. El miércoles entró en vigor la reforma del artículo 135, que introduce en la Carta Magna el principio de estabilidad presupuestaria y la obligación de las administraciones públicas de cumplir con un techo de déficit. Dos profesores de la Universidad de Extremadura (Uex), uno jurista especializado en Derecho Financiero y Tributario, y otro economista, analizan para EL PERIODICO el impacto que esta medida tendrá sobre la economía y sobre el funcionamiento del Estado, la Junta de Extremadura o las entidades locales.
"Fijar reglas fiscales y conferirles el rango legal más alto posible ofrece siempre consecuencias positivas, ya que constituye el reflejo de un cierto compromiso de los Gobiernos con la estabilidad presupuestaria", valora, de inicio, Juan Calvo Vérgez, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Uex. De esta forma, las administraciones tendrán que comprometerse a no disparar el gasto público muy por encima del nivel de sus ingresos. A juicio de este experto, ello permitirá "trasladar una imagen de seriedad y rigor presupuestario" tanto a los mercados como al resto de países de la zona del euro. "Ayudará a restaurar la confianza perdida en materia de política económica y a reforzar el compromiso político de devolver la estabilidad a las cuentas públicas, facilitando al Estado la obtención de préstamos y bajando el interese al que se le presta", subraya.
"A partir de ahora, por ley, las administraciones solo podrán gastar aproximadamente el mismo importe que ingresan y esto solo puede ser beneficioso a corto y largo plazo", coincide Víctor Píriz, profesor de Economía. En su opinión, además de generar confianza, la medida permitirá "garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas".
2020, el año de aplicación
La reforma constitucional no solo afectará a las cuentas del Estado. También será de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Lo que la Carta Magna no especifica es el límite de déficit máximo que se permitirá a cada administración. Esa será la función de la ley orgánica que debe aprobarse en los próximos meses y que fijará en el 0,4% el déficit estructural global máximo del conjunto de las Administraciones públicas. Aunque habrá matices. Así, el déficit del Estado no podrá superar el 0,26% del PIB nacional, los gobiernos autonómicos tendrá el techo en el 0,14% de su PIB, y los ayuntamientos deberán presentar equilibrio presupuestario. Todo ello no será de aplicación inmediata, sino que su cumplimiento será obligatorio a partir del 2020.
A juicio del profesor Juan Calvo, "el hecho de que no se constitucionalicen guarismos resulta positivo", dado que dota al modelo de margen de maniobra para adecuarlo a la situación económica del país. "La regla incluye un criterio de flexibilidad para cuando haya recesión, un desastre natural o una catástrofe que exijan medidas de estímulo, aunque ello conduzca a que en un año determinado el déficit existente resulte mayor", explica.
Victor Píriz aclara que, para cumplir con la reforma, las administraciones tendrán que "cambiar su forma de presupuestar, haciéndolo en base a certidumbres y posibilidades, y no en base a deseos". "Esto era muy habitual en las comunidades autónomas y ayuntamientos, donde se presupuestaban los ingresos en base a deseos y, al no generarse esos ingresos, se producía un déficit presupuestario muy alto. En realidad el presupuesto era equilibrado, pero no en la liquidación. Estas técnicas quedan ahora absolutamente prohibidas", concreta.
El cambio introducido en la Carta Magna ha suscitado controversia, más allá de la forma en la que se ha tramitado --sin referendo--. Porque al margen del debate sobre los efectos positivos, el contenido de la modificación también ha recibido críticas. Juan Calvo opina, por ejemplo, que la introducción del techo de déficit puede llegar a cercenar la autonomía presupuestaria de los gobiernos regionales y locales. Y es que la reforma obliga también a que la deuda pública se reduzca por debajo del 60% del PIB. "Si no fuese inferior, los presupuestos del año correspondiente podrían ser declarados incluso ilegales", advierte el jurista financiero de la Uex.
Este profesor también echa en falta un régimen sancionador a aplicar a las administraciones que incumplan los preceptos de la futura ley y, en esta línea, cree que podría ser necesario la creación de un organismo independiente para determinar si se ha superado el déficit límite. "La introducción de esta norma constitucional podría quedar en papel mojado si los encargados de velar por su cumplimiento y sancionar las infracciones (Poder Judicial y Tribunal Constitucional) no castigan sus incumplimientos, huyendo de interpretaciones flexibles subordinadas a las decisiones de gasto y a los intereses del Gobierno", avisa.
Sin otras administraciones
Otras dudas que preocupan a los expertos son: el hecho de que no se haya escuchado el criterio de las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el Consejo de Estado, o que no esté claro, por ejemplo, hasta qué punto el techo de déficit puede impedir que un gobierno con superávit presupuestario se embarque en políticas de gasto claramente insostenibles en lugar de aliviar la deuda de cara a nuevos periodos de recesión.
Además, Juan Calvo recalca que el impacto real de la medida no será inmediato, dado que su aplicación no será efectiva hasta el 2020 y la prioridad ahora mismo es reducir el déficit del Estado al 3% del PIB antes del 2013, como ha impuesto la UE. Eso sí, cree que es una condición "necesaria" para asegurar un crecimiento "suficiente y estable" de la producción que garantice el empleo de la población activa.
Víctor Píriz, por su parte, niega que la limitación del déficit pueda reducir el gasto público y las inversiones: "generará el gasto público y la inversión que nos podamos permitir". El economista de la Uex defiende el equilibrio presupuestario "en cualquier situación económica, porque ayuda a generar empleo y a priorizar y optimizar los recursos públicos". El resultado real se podrá comprobar en la próxima década, cuando la reforma comience a aplicarse completamente.
