Técnicos de las direcciones generales de Medio Ambiente y de Patrimonio Cultural se desplazarán "en los próximos días" hasta la explotación minera 'Villaluengo I', en las localidades de Garrovillas de Alconétar, Casar de Cáceres y Navas del Madroño, para analizar si se ha producido alguna infracción en la misma, tal y como ha denunciado Adenex.
Así lo ha indicado la Junta de Extremadura en nota de prensa, en la que ha explicado que el 27 de febrero de 2008 la Dirección General de Medio Ambiente formuló declaración de impacto ambiental positiva para esta explotación minera, condicionada a la aplicación de varias medidas correctoras.
Posteriormente, añade, el 13 de mayo de este mismo año, el entonces consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro, daba el visto bueno a un decreto que declaraba la ocupación urgente de 8,73 hectáreas anexas para ampliar la actividad de la explotación.
La Administración regional ha anunciado que técnicos arqueólogos de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura visitarán "en breve" los yacimientos arqueológicos, ubicados en la finca Los Veneros, para verificar si se ha producido alguna infracción en dicha ampliación.
Además, ha explicado que recientemente un equipo técnico de la Dirección General de Patrimonio Cultural constató la existencia de tres yacimientos arqueológicos de cronología entre calcolítico-hierro-romano ubicados en la finca de titularidad privada Los Veneros destinada al ganado y a la explotación de una cantera de diorita.
"Como parte del patrimonio histórico y cultural extremeño, estos yacimientos están regidos por la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura que obliga a los propietarios de las parcelas en los que se ubican a mantener y conservar los bienes patrimoniales en las mismas condiciones en las que han llegado hasta la actualidad, articulando para ello los medios necesarios que permitan la adecuada conservación de los restos con la explotación tradicional que se viene realizando en esos terrenos", señala la Junta.
Así, indica que el incumplimiento de lo establecido en la citada ley y la destrucción de bienes patrimoniales con valor arqueológico "es un hecho, además de lamentable, punible" en el marco de la citada norma que, en su Título VIII, regula las Infracciones Administrativas y el régimen sancionador con sanciones de "hasta un millón doscientos mil euros por faltas muy graves".
Asimismo, técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente se desplazarán hasta la zona para analizar y garantizar el cumplimiento de las medidas previstas en la Declaración de Impacto Ambiental, así como comprobar si la actividad se circunscribe a las zonas autorizadas para ello.
