La compañía Telefónica será multada si en marzo no ha indemnizado a los usuarios afectados por la interrupción injustificada de los servicios de telefonía fija, móvil y ADSL que se produjeron a finales de 2007, según afirma la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC) y recoge la agencia Efe.

Así lo establece el auto del 16 de enero de 2009 dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cáceres, según el delegado de Ausbanc Extremadura, Juan Luis Picado Domínguez.

Según la resolución judicial, la compañía telefónica tiene hasta el 16 de marzo para informar a cada usuario afectado en Extremadura, unas 900.000 personas, por las interrupciones de los servicios los días 19 de octubre, 29 de noviembre y 21 de diciembre de 2007, así como para remitirles las indemnizaciones oportunas.

En caso de incumplimiento, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cáceres establece la imposición de multas de 60.000 euros mensuales y "medidas de intervención, incluida la entrada y registro, para encontrar los datos precisos de los usuarios afectados y proceder a la ejecución de lo acordado a su costa".

Picado Domínguez denuncia que Telefónica informó de esta decisión judicial a los afectados a través de dos anuncios en prensa en lugar de hacerlo mediante carta individualizada, como exigía el juzgado.

Por este motivo, resalta que Ausbanc Consumo defenderá los intereses colectivos de los usuarios de la región, no sólo con la exigencia del pago de las indemnizaciones, que ascienden a los 13.000.000 de euros, sino también por los daños y perjuicios ocasionados a los usuarios abonados para que éstos no vean defraudadas sus expectativas legales y contractuales.

Para ello, será necesario que los usuarios aporten las facturas de telefonía fija, móvil e internet de los últimos 6 meses de 2007 a Ausbanc, así como cualquier documentos que acredite perjuicios concretos derivados de los cortes de suministro.

Picado Domínguez efectúa un llamamiento a la sociedad para que exija el cumplimiento de sus derechos cuando "las compañías suministradoras de servicios incumplan la ley y los derechos de los consumidores y usuarios", y pide que la Administración autonómica que "potencie y desarrolle" sus atribuciones e instrumentos en materia de consumo con la finalidad de "reforzar la figura del consumidor".