Los hábitos de los extremeños están cambiando. Los ciudadanos cada vez se muestran más activos y actúan para defender sus derechos, pese a que más de la mitad de los extremeños desconozca a quien acudir ante un problema legal, concretamente el 57,7% de la población, según un estudio de la compañía lider en seguros de defensa jurídica y servicios legales, Arag, desarrollado por el Colegio Oficial de Politólogos y Sociólogos de Cataluña.

Según este trabajo, entre el 50 y el 76% de los extremeños reclama ante un problema, aunque en muchas ocasiones lo hacen de forma poco idónea. Las quejas se realizan de forma efectiva en el 50% de los casos en los ámbitos laborales, mientras que en los asuntos de vivienda la cifra desciende al 30% y en consumo hasta el 13,8%. "Nos llama la atención la confianza que tienen los ciudadanos en el sistema, ya que esperan resolver un conflicto a una de las partes implicadas o a las instituciones públicas y organizaciones sociales. En el primer caso presuponen objetividad y en el segundo les otorgan una competencia que a veces no existe", señala la directora del informe, la sociólogo Montserrat Martínez.

Esta desorientación legal que experimentan los extremeños es más alta que la media nacional, que se sitúa en el 54,3%. Y es que, subraya el informe, muchos ciudadanos creen que solo se debe recurrir a un abogado en casos graves y tienden a pensar que defender sus derechos conlleva la obligatoriedad de iniciar un proceso judicial, algo que asusta a muchos.

En cuanto a los problemas a los que hacen frente los ciudadanos en la región, y que sufren en menor medida que a nivel nacional, según manifiestan en la encuesta, los más numerosos son los relativos al consumo, en un 49% de casos, frente al 53% nacional. Los temas relativos a telecomunicaciones y al suministro de servicios, los más problemáticos. Le siguen los conflictos de vivienda (22%), motivados sobre todo por problemas con los vecinos y con la comunidad de propietarios; los asuntos laborales con el 17% de los casos por las condiciones laborales y despidos como causas principales; y por último, los problemas por las sanciones al volante y los accidentes en un 14% de los problemas de los extremeños. Pese a estos conflictos, los ciudadanos creen que sus derechos están protegidos y se consideran bien aconsejados legalmente cuando buscan asesoramiento.