La subida salarial del 2% que los funcionarios tendrán en sus nóminas partir del mes de diciembre no es el punto y final a la reivindicación que las organizaciones sindicales para que se aplique el acuerdo alcanzado con el Gobierno central para el periodo 2018-2020. Lejos de relajar la tensión, la oferta de la Junta de Extremadura de aplicar el incremento a los principales conceptos que componen la retribución, el planteamiento de no hacerlo efectivo hasta diciembre y la decisión de paralizar de momento la retroactividad a la espera de que la situación económica (marcada por la epidemia de covid-19) mejore, no ha gustado a las principales organizaciones sindicales. Todas han anunciado en los últimos días que acudirán a los tribunales y algunas plantean también movilizaciones para evidenciar el descontento por el formato y también porque entienden que no se les ha ofrecido la posibilidad de negociar la mejora para los 48.000 funcionarios que dependen de la Junta.

La consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, ya señaló tras la mesa general de negociación que el incremento planteado por la Junta (subida del 2% en el sueldo base, los trienios y el complemento de destino) era el mayor esfuerzo que podían hacer en el contexto actual; y en el pleno de la Asamblea del jueves reiteró que antes de final de año «todos los empleados públicos verán mejoradas sus retribuciones».

Pero la mejora planteada es insuficiente para todas las organizaciones sindicales que han reprochado a la Junta la falta de planificación para hacer efectivo un incremento salarial previsto desde el 2018 y que progresivamente han hecho efectivo las distintas comunidades autónomas . Extremadura y Baleares son las únicas regiones que no han trasladado a las nóminas de sus funcionarios el incremento dispuesto en el Real Decreto Ley 2/2020. Mientras que en Baleares el gobierno autonómico decidió el pasado mes de agosto dejarlo sin efecto (por el momento), en Extremadura se ha ido retrasando la entrada en vigor hasta que esta semana la Junta trasladó a la mesa general de negociación la idea de hacerlo efectivo en la nómina de diciembre.

Como respuesta, CSIF, UGT y CCOO han anunciado que emprenderán «las acciones judiciales que estimemos oportunas para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años», según comunicó el pasado miércoles el portavoz del Área pública de CCOO, Francisco Jiménez. Un día después, un comunicado conjunto de las organizaciones CSIF y UGT, expresaba también la intención de reclamar ante los tribunales «la totalidad» del incremento salarial (en todos los haberes y no solo en los conceptos básicos) y también la retroactividad de la subida. En este caso plantean además movilizaciones, a las que invitan al resto de organizaciones sindicales.

La Consejería de Hacienda «respeta» las decisiones de los representantes sindicales y recuerda que, tal y como expuso la vicepresidenta tras la mesa, «estamos abiertos al diálogo y consenso con los representantes de la mesa general». Insiste además en que la retroactividad no se suprime sino que «se abonará cuando se alcance el equilibrio presupuestario» y también en que «la propuesta supone el máximo esfuerzo posible ante las circunstancias generadas por la pandemia».