El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer la convalidación del real decreto-ley que recoge ayudas "urgentes" para los afectados por los incendios forestales del pasado verano en Extremadura. El texto, aprobado por el Gobierno el 21 de noviembre, contó con el apoyo de PP, CiU, PNV y CC, y el voto en contra del PSOE. IU se abstuvo.
El ministro de Interior, Angel Acebes, informó que las medidas abarcan desde beneficios fiscales para los afectados, hasta ayudas para la financiación de infraestructuras locales y daños en las producciones agrícolas y ganaderas, pasando por medidas laborales y líneas de crédito preferenciales, informa Efe. En su momento, el Gobierno cifró la inyección económica para Las Hurdes, Sierra de Gata, Campiña de Valencia de Alcántara y entorno de Cañaveral-Grimaldo en cerca de 24 millones de euros.
El diputado socialista por Cáceres Victorino Mayoral justificó el voto en contra de su grupo por estimar "insuficientes" las ayudas, y lamentó que el Gobierno no haya aprobado la declaración de zona catastrófica para las cuatro comarcas afectadas ante la "magnitud" de los daños, "como llave para poder acceder a ayudas europeas".
Mayoral criticó el hecho de que el real decreto aprobado sea "estandar", no atienda a las necesidades específicas surgidas en Extremadura a raíz de los incendios de agosto y "no haya sido negociado con la Junta".
- Iniesta considera la ayuda "insuficiente"
MAYORAL Y DEL VALLE El diputado denunció que para la Junta "en la práctica son inaplicables la casi totalidad" de las medidas y señaló que el Ejecutivo regional "sí ha cumplido", al dictar de inmediato cuatro decretos de ayudas: contra la erosión de montes, de apoyo a empresas, de atención a necesidades de vivienda y de estímulo al empleo.
La diputada extremeña del PP María José González del Valle lamentó el rechazo socialista a la norma al considerarlo "injustificado", lo achacó a "motivaciones partidistas" y aseguró que la cuantía de las ayudas del Gobierno es "la más alta" de las aportadas a ninguna autonomía. A su juicio, el real decreto aprobado demuestra "la solidaridad" del Gobierno con Extremadura "por encima de cuestiones partidistas", y denunció, "sin querer entrar en descalificaciones", la "escasez" de medidas y la "lentitud" de la Junta tras los incendios.
