El impuesto extremeño sobre producción de energía eléctrica y transporte es "bastante efectivo" en comparación con los tributos medioambientales de otras comunidades autónomas, según concluye una tesis doctoral sobre la eficacia y acople en el sistema jurídico español de este tipo de impuestos, que sostiene, no obstante, que el canon establecido en Extremadura es "complejo y mejorable técnicamente".
El estudio, elaborado en la Uex por José Manuel Rodríguez, asesor jurídico y jefe de servicio de la Consejería de Economía, y dirigido por el doctor Merino Jara, defiende la existencia de las tasas medioambientales frente a las consecuencias que supone el proceso de producción industrial y compara el impuesto extremeño con otros similares de Baleares, Castilla-La Mancha y Galicia.
TRIBUTO POLEMICO
El tributo regional, que recae sobre las instalaciones de energía eléctrica, nuclear y su transporte, comenzó a funcionar en 1997 y en la actualidad se encuentra recurrido por el Estado, que presentó un recurso de inconstitucionalidad argumentando que podía solaparse a otros impuestos de carácter local.
En este sentido, el autor de la tesis sostiene que "hay espacio suficiente para que convivan los impuestos y existen argumentos suficientes para creer que no es inconstitucional, aunque habrá que esperar a lo que diga el tribunal".
El impuesto que existe en Extremadura se basa en uno balear que fue declarado en su día inconstitucional, "aunque el extremeño se mejoró. Por ley, toda la recaudación sólo se puede destinar a proyectos medioambientales y, por ejemplo, eso Baleares no lo tenía. Es una medida pedagógica", asegura Rodríguez, que destaca que el tributo extremeño está consiguiendo su propósito en cuanto a la recaudación significativa que obtiene.
La energía que se transporta fuera atraviesa parajes medioambientales, por lo que las empresas deben pagar una determinada cantidad por kilómetro de cable tendido, con lo que las de mayor impacto medioambiental son las que más deben pagar.
El principio de "quien contamina paga" debe servir para que el empresario reconozca en el precio final del producto el coste que supone la contaminación, sostiene Rodríguez, que defiende las tasas medioambientales como impuestos inteligentes y progresivos.
