Los beneficiarios de la renta básica estarán obligados a participar en talleres y cursos de formación y búsqueda de empleo para facilitar su reincorporación al mercado laboral, pero solo realizarán trabajos sociales de forma voluntaria. Así lo recoge el reglamento que desarrolla la nueva ley regional de renta básica, que fue aprobado ayer en Consejo de Gobierno como paso previo indispensable a la concesión de las ayudas. El texto, que concreta cuestiones técnicas, ha sido aprobado "en tiempo récord" según la vicepresidenta, Cristina Teniente, para que la prestación se pueda empezar a cobrar en septiembre. Los datos aportados por la Junta reflejan que la renta básica extremeña, que oscila entre los 400 y los 650 euros mensuales, es la cuarta más alta del país en relación al salario mínimo regional.

Según Teniente, con la aprobación de la Ley de Renta Básica Extremadura se sitúa entre las comunidades con mejor cobertura en la materia ya que la prestación para un titular, que asciende a 399,38 euros, supone el 61,79% de la renta media mínima por persona en la región, que es de 646,33 euros. Otras comunidades como Madrid, con un salario medio de 920,50 euros mensuales, apenas otorga una ayuda de 375, el 40% de la renta mínima. "La aprobación de esta medida supone un salto cualitativo y cuantitativo hacia una sociedad más justa", indicó la vicepresidenta, que además señaló que la región es una de las pocas que no pone límite temporal.

Después de que el Consejo de Gobierno aprobara ayer el reglamento que desarrolla la ley, Teniente indicó que las ayudas se podrán pedir a partir de mañana para empezar a cobrarlas en septiembre. Según los cálculos de la Administración, unas 5.000 personas serían beneficiarias directas de la prestación. "Era absolutamente necesario atender al colectivo de personas con pocos recursos", indicó la vicepresidenta.

Según el reglamento aprobado ayer, para calcular la prestación a la que el beneficiario tiene derecho se contará a los miembros de la familia y sus ingresos, el capital mobiliario e inmobiliario y los vehículos a motor que posee. El preceptor de la ayuda estará obligado a destinar la renta básica al fin para el que está concebida, a no rechazar ofertas de empleo, a escolarizar a sus hijos y a cumplir un itinerario de inserción que incluye cursos y talleres de formación, así como acciones encaminadas a aumentar la participación social y en programas de hábitos saludables, modificación de conductas o medidas específicas de desintoxicación. También podrá ofrecerse la participación en actividades de voluntariado social sin que su rechazo condicione la percepción o renovación de la ayuda.