El comité de empresa de Carcesa tiene previsto solicitar la mediación de la Fundación de Relaciones Laborales de Extremadura en el cobro de los salarios y como un posible paso previo a una demanda judicial contra Nueva Rumasa por el incumplimiento en el pago de los salarios.
La presidenta del comité de empresa de Carcesa, Rosario Riñones, explica que esta mediación, que se pedirá mañana, tiene como objetivo que la empresa cumpla con los plazos de pago de los salarios, pues aunque, hasta el momento la empresa no adeuda ninguna nómina, ha venido pagando el 10 por ciento cada día, hasta cubrir el 100 por ciento del salario, que en febrero ha terminado de percibirse el día 16.
Riñones también informa que hoy ha mantenido una reunión con la consejera de Economía, Comercio e Innovación de la Junta, María Dolores Aguilar, quien ha manifestado su apoyo a los trabajadores y ha asegurado que insistirá a la familia Ruiz-Mateos para que garantice la viabilidad de la empresa en Extremadura.
Además, la Junta también analizará el impacto que podría tener para la región el cierre de Carcesa, pues "afecta a muchos trabajadores, a la agricultura y a otros sectores, de forma directa e indirecta", resalta Riñones.
La presidenta del comité de empresa detalla que hoy en la empresa se han realizado labores de etiquetado porque no hay materias primas para producir, si bien se muestra confiada en que lleguen a lo largo de la semana para reanudar la actividad, "aunque no se alcance el 100 por ciento".
Por otro lado, y sobre la petición de FACUA-Consumidores en Acción a la Fiscalía de que investigue si Carcesa ha incurrido en un delito de estafa en la emisión de pagarés supuestamente destinados a la compra de nuevas compañías, Riñones apunta que aún desconoce el alcance de esta solicitud, pero vaticina que, si tuviera consecuencia, no "serán nada buenas".
Los expedienes preconsursales de Nueva Rumasa en juzgados de cinco regiones
Por otro lado y según recoge la agencia Europa Press, los expedientes de los procedimientos preconcursales solicitados por Nueva Rumasa para diez de sus mayores empresas están repartidos por juzgados de cinco comunidades autónomas.
Las comunicaciones de Nueva Rumasa para acogerse al artículo 5.3 de la Ley Concursal, que concede un plazo de tres meses prorrogable a cuatro para renegociar su deuda y evitar la entrada en concurso de acreedores, se han presentado ante diferentes instancias de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Baleares.
Los expedientes de la empresa láctea Clesa y del club Rayo Vallecano han sido derivados a los juzgados de lo Mercantil número 6 y número 3 de Madrid, respectivamente.
En Andalucía, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada ha emitido ya el auto de admisión del 'preconcurso' de la alimentaria Dhul, en tanto que la comunicación de Bodegas Garvey ha entrado en el registro y será derivada previsiblemente esta misma semana al Juzgado de lo Mercantil de Cádiz número 1.
Según informaron a Europa Press las mismas fuentes, se prevé que el expediente de la división hotelera Hotasa entre en los juzgados de Málaga.
Igualmente, Carnes y Conservas Españolas (Carcesa) se tramitará con toda probabilidad en Extremadura, al tener su domicilio social en esta comunidad autónoma, lo mismo que ocurrirá con Queserías Menorquinas en Baleares y con Elgorriaga, Trapa e Hibramer en diferentes instancias de Castilla y León.
Según el experto en derecho concursal del bufete Jausas Agustí Bou, en caso de que las empresas entren en concurso de acreedores, la dispersión de los procesos en varias comunidades favorecerá a los pequeños acreedores -proveedores, trabajadores, etc- mientras que la acumulación en un sólo juzgado será mejor para las entidades financieras y para lo inversores en pagarés.
En el caso de estos últimos, el abogado señaló que algunos de estos pagarés pertenecen a una empresa de la familia Ruiz-Mateos, pero están garantizados con activos de otra de sus sociedades, por lo que les beneficiaría que una misma administración concursal y un mismo juez velaran por mantener el patrimonio de la sociedad en insolvencia.
Por otro lado, Bou añadió que la propia Nueva Rumasa ha decidido acudir a diferentes juzgados para acogerse al periodo de negociación previo al concurso, tal y como le permite el artículo 3 de la Ley Concursal, por lo que una posible acumulación la decidirá el juez de la empresa "dominante" o de Madrid, ciudad donde se encuentran las principales oficinas del 'holding'.
Por último, el abogado recordó que Nueva Rumasa "no es un grupo empresarial como tal", ya que no consolida cuentas anuales y carece de una matriz sobre las demás sociedades, lo que sumado al carácter local de las empresas y a la disparidad de actividades hace que tenga "poco sentido" acumular los procesos.
