La huelga de funcionarios de la Administración de Justicia convocada para ayer por los sindicatos CCOO, CSI-CSIF y UGT, para exigir al ministerio el cumplimiento de los acuerdos que en materia retributiva y estatutaria adquirió el Gobierno del PP en el 2002, tuvo un seguimiento de algo más de un 23% según el Ministerio de Justicia, y de más del 80% según los convocantes.

De su resultado en Extremadura, donde según CCOO y CSI-CSIF el seguimiento fue del 86,5% en los órganos judiciales de la provincia de Badajoz y de un 85,5% en los de la de Cáceres, se mostraron "muy satisfechos" los sindicatos, "pues el seguimiento de los funcionarios de esta administración ha sido prácticamente masivo", señaló José Antonio Barca, responsable provincial en Cáceres de la Administración de Justicia de CCOO.

Un seguimiento masivo, añadió, "pese a que desde la Gerencia de Justicia de Cáceres se han impuesto unos servicios mínimos abusivos que han impedido a muchos trabajadores secundar esta jornada de paro".

Para Barca, dichos servicios mínimos "pueden rondar incluso la inconstitucionalidad, conculcando el derecho de huelga de los trabajadores, pues en algunos casos, como en el de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura los servicios mínimos han sido del 100% de la plantilla".

En el mismo sentido se mostró en Mérida Vicente Alegre, presidente de la Junta de Personal de Funcionarios de Justicia en Badajoz, acusando a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Extremadura de haber establecido unos servicios mínimos indicando, "con nombre y apellidos", a los trabajadores que los debían cubrir, "coartando" así su libertad a secundar o no el paro. Y denunció, asimismo, que en el Juzgado número 3 de Mérida la Gerencia "ha fijado los servicios mínimos en cuatro trabajadores, pese a que el Ministerio propuso dos".

Estos casos, afirmó, se pondrán en conocimiento de la Asesoría Jurídica de CCOO para que estudie la posibilidad de presentar una querella criminal contra responsables de la Gerencia o del Ministerio por vulneración de los derechos fundamentales.

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, calificó la huelga de "innecesaria", y mostró su confianza en conseguir un acuerdo, pues señaló que el Gobierno oferta un aumento de retribuciones de un 18,4% entre el 2005 y 2007, incrementos retributivos que, aseguró, "son los más altos que haya ofrecido nunca la Administración a este colectivo".