La Consejería de Trabajo ha impulsado un estudio para saber cuántas de las personas inscritas como demandantes de empleo en Extremadura están en realidad dispuestas a aceptar un puesto de trabajo, para así depurar las listas del paro. El informe será realizado por Fomento Extremeño de Infraestructuras, y costará algo más de un millón de euros.
Para llevar a cabo el estudio la idea es entrevistar personalmente a todos los inscritos como demandantes de empleo. En este sentido, queda por decidir si se citará a los 140.000 apuntados en las listas, o se descartará a grupos como eventuales agrícolas, estudiantes, personas que tienen trabajo pero buscan uno mejor y prejubilados, colectivos que, según la norma, tienen que figurar inscritos, pero que en realidad no buscan activamente un empleo.
En caso de que se les descarte, el número de entrevistas a realizar quedaría aproximadamente en 63.000. El objetivo, según el convenio aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, es saber cuántos de los apuntados al paro no son en realidad desempleados, sino inactivos, y también detectar a aquellos demandantes de empleo que están en la economía sumergida.
Entre otras cuestiones, con ello se pretende ajustar la estadística a la realidad, evitando situaciones como que cuando se hace una convocatoria pública de empleo --como es el caso de los trabajos de un año en los ayuntamientos-- suba el paro, al inscribirse muchas personas que únicamente aspiran a uno de los empleos que se ofrecen en ese momento, y no a cualquier trabajo para el que estén cualificados. Igualmente, se quiere averiguar cuántas personas figuran en las listas del Sexpe como demandantes simplemente porque es obligatorio para acceder a determinados beneficios (becas o viviendas) o prestaciones.
Los resultados del estudio permitirían contar con un perfil más ajustado de los parados extremeños y los empleos que se demandan.
