La subdelegación del Gobierno en Badajoz no descarta que se acabe permitiendo la contratación de los temporeros rumanos que desde hace varios meses están acampados en la localidad pacense de Santa Marta de los Barros. Si finalmente se concede esta autorización, se podría dar empleo a estos inmigrantes en las campañas de recogida de la uva y la aceituna, a pesar de que carecen de permiso de trabajo.
Esta ha sido la solución adoptada en Castilla-La Mancha, donde miles de inmigrantes han dado estos días comienzo a la vendimia sin tener regularizada su situación, ya que el Gobierno decidió admitir las solicitudes cursadas fuera de plazo.
El subdelegado del Gobierno en Badajoz, Inocencio Ramos, explicó ayer a EL PERIODICO que tiene previsto contactar con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en relación a este problema, si bien matizó que, antes de tomar una medida de este tipo, "habrá que ver si la situación es la misma que en Castilla-La Mancha". Ramos también indicó que este próximo martes se reunirá con responsables de las organizaciones agrarias, los sindicatos y el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) para analizar este mismo asunto.
SOLICITUD Tal como publicó ayer este diario, los agricultores de Santa Marta de los Barros han pedido a la Delegación del Gobierno la contratación de temporeros rumanos asentados en esta localidad con el fin de hacer frente a la escasez de mano de obra para las campañas de la vendimia y la aceituna.
En este sentido, Ramos reiteró que quienes tenían que haber iniciado con tiempo suficiente el proceso para dar empleo a estos trabajadores son los empresarios y las organizaciones agrarias, "que ya conocían los requisitos que exige la normativa", y que, añadió, no "han aprovechado ninguna de las posibilidades" que les ofrecía el reglamento de extranjería para su contratación.
En cuanto a los asentamientos de Santa Marta, a su juicio "la primera pregunta que hay que hacerse es por qué llegan estos ciudadanos", en alusión al efecto llamada del trabajo ilegal.
En cualquier caso, aseguró que desde la subdelegación del Gobierno han estado "en contacto permanente con todas las organizaciones y siempre abiertos al diálogo" y que, incluso, el mes pasado se les ofreció a todas ellas "ponerles un funcionario y acelerar la tramitación de los permisos".
