Más de 2.000 altas en la seguridad social en los últimos dos años; 3.100 personas que han visto como sus contratos se han transformado en indefinidos tras una visita de los inspectores de Trabajo, y el cerco al fraude relacionado con el empleo de extranjeros son las consecuencias más directas de las últimas actuaciones de la Inspección de Trabajo en la comunidad extremeña.
Los representantes sindicales de los trabajadores siempre exigen una mayor presencia de inspectores de trabajo y, sobre todo, un endurecimiento de las sanciones. A este respecto, las últimas cifras sobre esta materia correspondientes al año 2006 y difundidas ayer por el Ministerio de Trabajo reflejan que los inspectores realizaron 28.767 actuaciones a lo largo del pasado año, casi 1.400 más que en el 2005. Fruto de esa labor, detectaron 3.628 infracciones (300 más que un año antes), pero, pese a la mayor incidencia, el importe de las multas ha pasado de 4,8 a 3,5 millones de euros. Además, el número de trabajadores afectados ascendió a 7.064, medio millar más que un año antes.
Todo eso supone que cada día, los encargados de velar por la legalidad en las empresas detectan una media de diez actuaciones fraudulentas en los centros de trabajo de la región. Sin embargo, la media del importe por cada sanción apenas es de 1.000 euros, un dato que no atiende a las peticiones de los sindicatos.
Empleo de inmigrantes
Al margen de las grandes cifras, destaca el notable crecimiento en materia de empleo de inmigrantes. En este sentido, a lo largo del 2006 se realizaron 1.500 actuaciones en Extremadura (1.264 en el 2005), en las que los inspectores destaparon 165 casos fraudulentos, casi un centenar más que en el año anterior, afectando a 167 trabajadores (71 un año antes), y provocando sanciones por 790.000 euros (500.000 más que en el 2005).
Este apartado sigue muy vigilado, teniendo en cuenta las recientes actuaciones en Aceuchal y Montijo llevadas a cabo durante los últimos días.
Otro apartado importante de la gestión de estos profesionales es el referido a la salud laboral; es decir, la prevención de riesgos laborales y las condiciones de trabajo. Así, el pasado año lograron que 1.828 contratos pasaran a ser indefinidos, frente a los 1.282 de un año antes. Además, liquidaron casi 12 millones de euros tras los expedientes sancionadores por fraude a la Seguridad Social.
