La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha recibido 248 denuncias por acoso laboral en Extremadura en los últimos cinco años y la cifra es solo «la punta del iceberg»: el desconocimiento de este fenómeno «devastador» unido a los obstáculos laborales, la temporalidad de los contratos y el miedo a perder el empleo dibujan un contexto difícil para quienes son ninguneados y hostigados en su puesto de trabajo. Así lo explica Lucía Vargas, presidenta de la Asociación Palentina de Ayudas a Víctimas de Acoso (Pavia). «Uno de los objetivos es que la víctima acabe abandonando el puesto de trabajo con una mano delante y otra detrás», explica.
En declarciones a Efe, Vargas ha destacado también la dificultad para demostrar en los tribunales un mobbing alimentado por conductas que van desde la infravaloración de las capacidades del empleado hasta su desbordamiento por la asignación de tareas irrealizables, pasando por agresiones como la ocultación de información, la difamación o el trato vejatorio.
La asociación atiende a una media de 70 personas al año, pero la mayoría de los casos no terminan ni en la Inspección de Trabajo ni tienen un recorrido judicial porque «sin pruebas suficientes, los resultados son nefastos», indica Vargas. Casi todos llegan al colectivo derivados por los médicos de Atención Primaria y los equipos de salud mental, colectivos que «son fundamentales para prevenir el suicidio al alejar al trabajador del foco tóxico». Las víctimas tienden a echarse la culpa por su fracaso, aunque este sea inducido.
DESESTABILIZACIÓN / A medida que este tipo de acoso evoluciona, acaba por dibujar una desestabilización personal que pasa por estrés, presentismo, ansiedad, sentimientos de fracaso, impotencia, frustración, anhedonia o incapacidad para experimentar placer, desmotivación, depresión, apatía, así como diversas manifestaciones psicosomáticas. «El machaque es tan grande que vienen con la autoestima por los suelos», afirma la presidenta de Pavia.
La mayoría de los casos se encuadran en la tipología de acoso vertical descendente, es decir, el que ejerce el jefe o superior. En el acoso siempre hay una desproporción de poder, y el agresor suele ser una persona narcisista y prepotente que proyecta su inseguridad sobre una víctima que, en palabras de Vargas, «suele estar muy preparada y puede hacerle sombra».
Los compañeros de trabajo son a menudo testigos mudos de ese acoso: se quedan sin palabras ante un hostigamiento que tortura lentamente a su víctima hasta agotarla. «Lamentablemente, contribuyen al problema al mirar para otro lado», indica Vargas que, además, se ha mostrado crítica con unas administraciones «llenas de enchufes», con mandos intermedios que ni siquiera están capacitados para sus puestos. No en vano, en este ámbito Educación y Sanidad concentran una buena parte de las denuncias, aunque la diferencia con las empresas privadas es que existe la posibilidad de traslado a otros departamentos.
Se estima que más de dos millones de trabajadores, en torno al 9% de la población activa, sufren en España un continuado y deliberado maltrato psicológico en el ámbito de su trabajo. No obstante, los supuestos en los que se alcanza una resolución judicial condenatoria son muy escasos. Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, se han recibido 13.801 denuncias por acoso laboral en el último lustro y de ellas, 248 corresponden a Extremadura. La mayor parte se han dado en Cataluña (3.128), Canarias (1.617) y Comunidad Valenciana (1.477).
