El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y su antecesor, José Antonio Monago, cerraron ayer, de momento, las comparecencias ante la comisión parlamentaria de investigación del transporte sanitario, ya que está abierta a nuevas peticiones por parte de los grupos parlamentarios.

Antes de ellos lo hicieron los dos últimos consejeros de Sanidad, José María Vergeles y Luis Alfonso Hernández Carrón.

Vara indicó que nada le hubiera gustado más que el Consorcio Extremeño del Transporte Sanitario hubiera ganado el concurso, y destacó que en esta legislatura se han incrementado un 10% las adjudicaciones a las empresas de la región.

El presidente reconoció que la transición entre la anterior y la nueva adjudicataria, la andaluza Ambulancias Tenorio, no fue «modélica» y que «todos pudieron hacer cosas bien y mal».

Vara señaló que le habían llegado quejas de los trabajadores del Consorcio y que tres de ellos que se reunieron con él fueron despedidos, pero insistió en que nada de esto tiene que ver con que se sacara un nuevo pliego de condiciones.

También indicó que ni antes, ni durante ni después de la adjudicación del nuevo servicio habló con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, sobre este proceso.

Asimismo, manifestó que «en ese proceso faltó que el Consorcio hubiera dado un paso más y se hubiera constituido en empresa única» para «poder competir con más músculo».

No quiso entrar en las incidencias que se registraron en los primeros días del traspaso ni en hablar de un posible boicot, pero pidió en dos ocasiones a la actual adjudicataria que retire las denuncias que interpuso contra algunos trabajadores, porque se trata, dijo, de «pasar página» y de «mejorar».

Ridículo y caos

Monago, por su parte, acusó a los socialistas de montar una comisión de investigación para tapar el «caos» que se produjo durante el traspaso y el «ridículo» que habían hecho al obtener la empresa andaluza una adjudicación por más de 120 millones de euros.

La clave del problema, a su juicio, es que antes de las elecciones el PSOE prometió que a partir de ahora los concursos públicos se los llevarían las empresas extremeñas.

Cuando los socialistas han hablado de «boicot», lo que hacen es «defender» a los de Sevilla y «acusar» a los extremeños, recalcó. En su opinión, la nueva empresa se ha ido adaptando «al tran tran» a las condiciones del concurso y al abaratamiento del precio, 17 millones de euros más bajo.

Monago, como antes había hecho Hernández Carrón, resaltó que no ha tenido responsabilidad ni en el procedimiento del concurso ni en el traspaso.

Antes, Vergeles ha dicho que hay indicios que ponen de manifiesto que «si no fue boicot, fue algo que se le parece mucho», lo que provocó las incidencias en el traspaso del servicio, por las que pidió disculpas a los usuarios.

En los primeros ocho días no se puede afirmar que se produjo un «caos», aclaró, porque en el primer mes las reclamaciones supusieron el 0,96% de los servicios prestados y porque «las urgencias jamás corrieron peligro».

Vergeles destacó que el proceso del concurso ha sido «limpio, transparente y legal», «huyendo en todo momento de que fuera una subasta», y que se ha subrogado al cien por cien de los trabajadores «subrogables», el 97% del total.

Reconoció que para él, personal y profesionalmente, el traspaso del transporte sanitario fue «muy duro», con ataques continuos en las redes sociales que hubiera puesto en manos de las justicia de no ser un dirigente político.

Más investigaciones

La jornada de ayer la abrió Hernández Carrón, que aseguró que uno de los documentos del Servicio Extremeño de Salud (SES) entregados a la comisión se elaboró con una «intencionalidad concreta» y reclamó una investigación.

Este explicó que este CD comenzó a elaborarse en julio de 2017, mes y medio después del cambio de concesionaria del servicio, y finalizó cuando ya se había constituido la comisión.

Lleva la firma de Ángel Francisco González Manero, que llegó al SES en septiembre de 2015, puntualizó.

Hernández Carrón afirmó que no tuvo constancia de incidencias ni de problemas con los trabajadores en su etapa de consejero y que debieron ser las normales, cuando no saltaron a los medios de comunicación ni provocaron manifestaciones.

A su juicio, el servicio es ahora peor cuantitativa y cualitativamente, y rechazó «la falsa teoría del boicot».

El compareciente tuvo un rifirrafe con la diputada socialista Ascensión Godoy y con el presidente de la comisión, Francisco Macías (PSOE).