Al Tribunal de Cuentas no le convencen algunos de los usos y costumbres que mantiene la Junta a la hora de manejar los dineros públicos, y por eso, en su informe anual referido al 2002, reclama al Ejecutivo autonómico que corrija ciertas situaciones, según informó Efe.

De este modo, el órgano fiscalizador de las administraciones públicas critica que no exista en la región un registro completo de los consorcios y fundaciones regentados por la Administración autonómica. Esta falta de un listado de entidades que forman parte del sector público autonómico provoca una opacidad que impide al Tribunal determinar hasta qué punto se está cumpliendo la obligación de rendir cuentas de estos organismos.

En cuanto a algunos de los que sí figuran, simplemente, según el informe, no se han presentado los documentos acreditativos de su actividad. Tal es el caso de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología de Extremadura (Fundecyt) y de la empresa pública Edificación y Obras Públicas de Extremadura SA (Eopexsa) en las que no consta "la aprobación de sus cuentas anuales" por el órgano competente.

Mientras, en los consorcios Museo Etnográfico González Santana, Museo Vostell Malpartida y Fundación Orquesta de Extremadura, lo que critica el Tribunal de Cuentas es que no hayan presentado informes de auditoría de cuentas.

Fondo de Compensación

Otro punto en el que se fija el Tribunal de Cuentas es en la actuación de los presupuestos de la entonces Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología. En este caso, se detectan insuficiencias en la elaboración del presupuesto "que dan lugar a la tramitación de expedientes de transferencia de crédito por un importe total de 26,2 millones de euros".

En otro capítulo del informe, el órgano fiscalizador subraya que los derechos reconocidos durante el 2002 en el concepto de Fondo de Compensación Interterritorial --ingresos procedentes de las arcas estatales-- están infravalorados en 80 millones de euros.

Según se destaca, no existe un seguimiento individual de los costes imputables a cada proyecto financiado por este fondo.

En sus recomendaciones, y al margen de pedir que se complete el inventario general de bienes y derechos de Extremadura, el tribunal regresa a un tema recurrente, como es el de los modos de contratación. De nuevo se pide el uso de la subasta, en lugar del concurso, como "procedimiento general ordinario en la adjudicación de los contratos de obra".

Por último, aconseja a la Universidad de Extremadura que redefina su sistema contable, y practique "periodificaciones en los ingresos por matrículas e investigación, así como de los gastos por las pagas extraordinarias percibidas por el personal laboral".