El Tribunal de Cuentas ha señalado que los «retrasos» acumulados en la ejecución de las Ofertas de Empleo Público precedentes «motivaron que 40 plazas correspondientes a la de 2015, caducaran por ausencia de convocatoria en el plazo improrrogable de tres años previsto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público”.
Esta es una de las conclusiones del informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura correspondiente a 2017, que ha aprobado el Tribunal de Cuentas.
Un informe en el que señala que la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Extremadura de 2017 «fue rendida dentro del plazo legalmente establecido», aunque apunta que éstas integran la liquidación presupuestaria de tres organismos autónomos y cuatro entes públicos que funcionan como servicios presupuestarios de las consejerías a las que se encuentran adscritos, por lo que «se unifica, indebidamente, la información presupuestaria y contable que corresponde a entidades contables diferenciadas».
Así, señala que las cuentas anuales de la totalidad de los consorcios públicos autonómicos y de la Agencia Extremeña de la Energía «fueron aprobadas y rendidas fuera de plazo».
Este informe señala además que «persisten las deficiencias» que afectan a la gestión de ingresos en el ámbito de la Administración de la Comunidad, relacionadas con la «inexistencia de manuales de procedimiento», la «escasa fiabilidad» del registro de deudores tributarios por la desconexión de los aplicativos de gestión y contables, o el retraso en la contabilización de bajas por cancelación o anulación por falta de comunicación a la Intervención General.
Asimismo, el informe señala que el Organismo Autónomo de Recaudación de Badajoz realiza en 2017 diversas actuaciones dirigidas al control y recaudación de los recibos pendientes «detectando numerosos errores en las bases de datos que sirven de soporte a la gestión de ingresos en materia patrimonial», sin que se hayan acreditado actuaciones dirigidas a detectarlos en el ámbito territorial de Cáceres.
La fiscalización también ha evidenciado demoras en la anotación de las facturas por la Administración General en el Registro Contable de Facturas, y una serie de deficiencias «derivadas de la inadecuada interconexión en los sistemas que intervienen en la tramitación de las facturas anotadas y la confusión en el tratamiento de anulaciones y rechazos».
Destaca además la Junta de Extremadura que la financiación de las modificaciones presupuestarias que se financian con mayores ingresos se acredita mediante compromisos de ingresos, en el 87% de los casos «sin que se haya desarrollado un módulo del sistema contable que garantice su adecuado seguimiento».
El documento añade además que a cierre de 2017 «no se había procedido al desarrollo de la contabilidad patrimonial previsto por el Reglamento de General del Inventario de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura», tras lo que apunta que las «incorrecciones contables» en relación con el registro del inmovilizado no financiero y su incidencia sobre los fondos propios, así como en la contabilización de los deudores presupuestarios, «afectan a la representatividad de las cifras registradas en el balance».
