Con cuatro años de demora, el Tribunal de Cuentas vuelve a cuestionar a la Junta de Extremadura en su informe anual, hecho público ayer. La entidad fiscalizadora ha analizado los años 2006 y 2007 (los últimos de la Presidencia de Juan Carlos Rodríguez Ibarra) y recomienda al Ejecutivo extremeño "mayor claridad y precisión" en los criterios de adjudicación de contratos. Asimismo, considera que hay casos en los que no se primó la valoración de los precios más bajos de las ofertas, haciendo caso omiso del principio de economía en la gestión de fondos públicos. Parecidas críticas han figurado en informes anuales precedentes de este organismo.
El Tribunal de Cuentas asegura que la Administración extremeña no ha implantado una contabilidad adecuada de los gastos con financiación afectada, que permita determinar las desviaciones de financiación del ejercicio y acumuladas, y su incidencia en el cálculo del superávit o el déficit de financiación y del remanente de tesorería afectado, respectivamente.
Además, establece que el presupuesto de gastos por programas "no se basa en objetivos e indicadores suficientemente explícitos, lo que dificulta el análisis objetivo del coste y rendimiento de los servicios públicos".
El informe del Tribunal de Cuentas contempla también deficiencias en la información aportada por los Organismos Autónomos de la Junta y advierte, en el caso del Servicio Extremeño de Salud, la "elevada cifra de obligaciones pendientes", lo que evidencia "una fuerte necesidad financiera en el corto plazo", aunque reconoce la reducción experimentada en estas obligaciones en 2006 y 2007.
Sobre los procesos de contratación, el Tribunal de Cuentas vuelve a detectar deficiencias en contratos adjudicados mediante procedimientos de negociado sin publicidad y advierte, además, que en los concursos examinados "las bajas de las ofertas económicas fueron escasamente valoradas".
Tras insistir en que los principios de publicidad y transparencia deben de regir la contratación pública, señala que en este aspecto destacan negativamente los contratos de obras de la Consejería de Fomento.
También indica que en la ejecución de los contratos de obras se produjeron frecuentes demoras no justificadas, "algunas de las cuales ponen de manifiesto una deficiente preparación Administrativa".
El informe del TC apunta, asimismo, a deficiencias en el inventario general de bienes y derechos de la comunidad autónoma.
