El Tribunal Supremo ha anulado varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo por no fijar los caudales ecológicos en varios tramos del río, un fallo que aplaudieron ayer ecologistas, municipios afectados y Castilla-La Mancha, que aboga por alcanzar un nuevo acuerdo en materia de trasvases.
El trasvase Tajo-Segura ha levantado preocupación también en Extremadura, por los efectos que puede tener en el caudal del río, sobre todo entre los regantes, y para el ecosistema en su conjunto en el caso de diferentes colectivos ecologistas.
El recurso, que ha sido estimado parcialmente ahora por el alto tribunal, fue interpuesto en 2016 por varias asociaciones vecinales y de municipios afectados por el trasvase.
La Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina (Toledo), una de las denunciantes, está convencida de que esta decisión judicial deja el trasvase Tajo-Segura «prácticamente liquidado», según declaro ayer su portavoz, Miguel Ángel Sánchez. La sentencia obliga a fijar caudales ecológicos en Aranjuez (Madrid), en Toledo y en Talavera de la Reina —zonas de cabecera del río— que no estaban fijados en el plan hidrológico, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016. Esto modificará inevitablemente el volumen de agua a trasvasar.
El caudal ecológico necesario es el volumen mínimo de agua necesario para evitar la degradación ambiental del curso de agua del río, su cauce y su ribera.
Greenpeace considera esta sentencia «histórica» y un espaldarazo a las reivindicaciones que durante años han hecho las asociaciones ecologistas. No fijar estos caudales ha creado una situación de «desastre» para el ecosistema del río, que «se está muriendo, declaró el responsable de la campaña de Agua de Greenpeace, Julio Barea.
La Confederación Hidrográfica del Tajo deberá presentar un nuevo plan adaptado a estos nuevos caudales ecológicos, que ahora mismo «no está cumpliendo», agregó.
El portavoz del área de aguas de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, estaba convencido de que la Justicia daría la razón a los afectados, porque el Plan Hidrológico del Tajo no cumplía con la propia normativa española ni la Directiva Marco del Agua europea.
Los caudales mínimos fijados en el texto eran «ridículos», contravenían las leyes y eran «insuficientes» para el mantenimiento de los ecosistemas del río, según el ecologista.
GARCÍA-PAGE / Según el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el fallo «pone patas arriba la política de agua de Rajoy y Cospedal» y obliga a rehacerla, en particular en relación a los trasvases. Page abogó por «alcanzar un gran acuerdo» en materia de agua que, a su juicio, no debe ser «ficticio, sino un acuerdo real».
Ese gran acuerdo hídrico «es buscado y defendido» por el PSOE, tanto en el centro de España como en el Levante español, según el dirigente socialista.
El presidente valenciano, Ximo Puig, aseguró que «siempre va a estar al lado» de los regantes de la Comunidad Valenciana, especialmente, de los de la provincia de Alicante. Puig agregó que «un ejercicio de confrontación» no lleva a ningún sitio, por lo que pidió que no cuenten con el Gobierno valenciano para hacer confrontación respecto al trasvase Tajo-Segura.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica señalaron ayer que el Gobierno acatará la sentencia del Tribunal Supremo, un texto que, a su juicio, confirma que la nueva política del agua del Gobierno «va en dirección correcta». El Gobierno de Pedro Sánchez se encontró en junio pasado «unos caudales legales fijados que está costando deshacer», pero el Ejecutivo trabaja para que las decisiones en materia de agua «se tomen en base a los caudales ecológicos», añadieron las mismas fuentes.
De hecho «la revisión de los planes hidrológicos de tercer ciclo», que actualmente se encuentra en fase de «tramitación», ya incluye en el caso del Tajo la dotación de caudales ambientales, puntualizaron.
