La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dado la razón a los ayuntamientos de Badajoz, Cáceres y Mérida, en contra del gobierno regional, y ha resuelto anular el decreto del 2002 que establece las normas-marco de los policías locales en la región.
La sentencia fue dada a conocer ayer por el portavoz del equipo municipal de gobierno de Badajoz, el popular José Antonio Monago. El motivo de este fallo es que el proyecto presentado en su día por la Junta no fue informado por el Consejo de Estado y aunque el gobierno extremeño señaló en su defensa que el decreto definitivo no difería, salvo en aspectos mínimos, de otro anterior que sí pasó por este órgano, la sentencia no lo ha tenido en cuenta. Monago apuntó que éste era uno de los argumentos esgrimidos por los ayuntamientos, que también se quejaban de que estas normas invaden competencias municipales y repercuten en sus presupuestos.
Sin embargo, el director general de Protección Civil, Interior y Espectáculos Públicos, Francisco Miguel Sánchez Calzado, aclaró que el TSJEx no entra en el contenido de la norma y sólo basa el fallo en una cuestión de procedimiento. Aunque la Junta respeta la resolución judicial, discrepa del fallo y lo recurrirá ante el Tribunal Supremo, con lo cual, la sentencia no es firme y no se paraliza la aplicación de la norma.
Sánchez Calzado señaló que precisamente dos de los ayuntamientos que presentaron el recurso, el de Cáceres y el de Badajoz, están cumpliendo la nueva regulación, cuyo objetivo es la profesionalización de estos agentes, a los que se exige mayor preparación. En Cáceres se hizo hace año y medio y en Badajoz se ha llegado a un acuerdo con las centrales sindicales. El director general también apuntó que los cambios en la normativa que no fueron informados por el Consejo de Estado sólo afectan a 5 artículos de los 134 que componen esta ordenación.
Por su parte, tras hacerse pública la sentencia, el grupo popular en la Asamblea de Extremadura se apresuró a pedir la comparecencia de la consejera de Presidencia, Casilda Gutiérrez, para explicar las consecuencias.
