El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) avala la decisión de la Delegación del Gobierno de no autorizar una concentración por razones de salud pública, para exigir la puesta en marcha de medidas para las familias con dificultades económicas. Estaba convocada para el pasado 14 de mayo en la presidencia de la Junta de Extremadura, en Mérida. Ante la denegación del Gobierno los convocantes interpusieron un contencioso-administrativo que da ahora la razón al Ejecutivo.

Tal y como recuerda el TSJEX el derecho de manifestación no es ilimitado y en este caso su limitación tiene como finalidad la «garantía de la integridad física de las personas» y la «protección de la salud». El Alto Tribunal hace referencia a que e su celebración no daba garantías de que pudiesen cumplirse las medidas de seguridad, ya que no estaba claro el número de personas que podía reunir. «En la Fase I en la que nos encontramos -subraya el fallo- no significa que el riesgo de contagio no exista y que no deban adoptarse todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los intervinientes en la manifestación, de los transeúntes que deambulen por esa plaza, de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local que tengan que intervenir por razones de seguridad y de control del tráfico, de los empleados que trabajan en la Presidencia de la Junta de Extremadura y en definitiva de todos los ciudadanos».

El TSJEx analiza además la fisomía de la plaza, que dificulta la celebración de una manifestación siguiendo las medidas de seguridad que hay que cumplir por la crisis sanitaria. Dice que gran parte del espacio de la misma está ocupado por una isleta central que sirve para organizar el tráfico y que en ella hay una fuente, «de modo que el espacio que queda en el plaza no es excesivo para que las personas puedan desplegarse con la suficiente distancia física». A ello se suma -continúa- que la plaza se encuentra en el centro de Mérida, «siendo notorio que es un lugar frecuentado y utilizado por los habitantes de la ciudad en sus desplazamientos». Por tanto, «el cierre del tráfico en esta plaza afectaría a otros espacios colindantes, reduciendo las distancias de seguridad que todos los peatones deben observar en la deambulación por la ciudad a fin de evitar aglomeraciones que suponen un elevado riesgo de contagio».

Los convocantes habían defendido ante el tribunal que no habría más de 30 personas, en cambio el TSJEx afirma que no aportan dato alguno que acredite que no se excederá de dicho número. Tampoco comparte la hora a la que se pretende celebrar, ya que afecta a la franja horaria de las personas mayores de 70 años, grupo especialmente vulnerable, y también a la franja horaria de los menores de 14 años. H