La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha condenado al Gobierno regional a pagar a Renfe 37,25 millones de euros para saldar la deuda que mantiene con la compañía ferroviaria correspondiente al periodo 1985-2000. A esta cantidad se deben sumar los intereses, a un ritmo del 9% anual, y la empresa pública podría exigir también la cantidad que adeuda la Junta por los servicios prestados desde el año 2000.

La sentencia, hecha pública ayer por la diputada regional del PP Teresa Bravo, recuerda que en 1984 el Consejo de Ministros aprobó que los servicios ferroviarios regionales que fuesen deficitarios serían mantenidos a través de convenios bilaterales entre las comunidades autónomas y Renfe. En este sentido, la Junta firmó un primer acuerdo de diez años.

Ya en 1995, cuando se firmó un nuevo Acuerdo General, suscrito en Mérida el 30 de marzo de 1995 por el consejero de Fomento y la presidenta de Renfe, la Junta reconocía una deuda de 8,5 millones de euros por la explotación de las líneas entre Mérida y Llerena y entre Villanueva del Río y Llerena.

DENUNCIAS En el nuevo pacto de 1995 se adoptaban una serie de compromisos por ambas partes, pero el acuerdo fue denunciado por Renfe y por la Junta en 1996, tras la llegada del Partido Popular al Gobierno central. De esta forma, la Junta de Extremadura nunca llegó a pagar esta supuesta deuda, que posteriormente se convirtió en un obstáculo a la hora de firmar un acuerdo a tres bandas --Junta, Gobierno y Renfe-- para posibilitar nuevas inversiones en la red extremeña de ferrocarril.

Pese a todo, y según detalla la sentencia del TSJEx, en todo este tiempo Renfe ha seguido "prestando estos servicios deficitarios cuya cobertura era el concierto con una Administración". Por lo que se refiere a la actitud del Ejecutivo, el fallo del tribunal entiende que "al conocer la situación y consentir la prestación del servicio, tácitamente, recibía el mismo", por lo que debe asumir su coste tal y como se acordó en su día.

Con todo, condena a la Junta de Extremadura a abonar 37,25 millones de euros (unos 6.200 millones de las antiguas pesetas) para sufragar esta deuda entre 1985 y el año 2000, a la que deberá sumarse otra importante cantidad, aún por determinar, en concepto de intereses. Además, la sentencia explica que si Renfe quiere percibir también la deuda generada por estos mismos servicios desde el año 2000 hasta la fecha debe interponer previamente un recurso en la vía administrativa.

Por su parte, la Junta anunció que ha presentado un recurso de casación contra esta sentencia puesto que "nunca ha reconocido ni reconocerá jamás una deuda generada desde el 96 por el deficitario servicio prestado por Renfe en la región". Así, reiteró que "nunca ha pagado ni pagará servicios que no han sido prestados o se han ofrecido de manera deficitaria", al tiempo que criticó que el PP utilice "su tiempo en despotricar desde el desconocimiento".

Teresa Bravo, portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, criticó la "dejadez" del Ejecutivo regional con el ferrocarril extremeño y apuntó que la actual consejera de Fomento, Leonor Martínez Pereda, tendrá que dar explicaciones sobre cómo se va a abonar esta deuda y sobre la actual situación del tren en la comunidad autónoma.