"Que por qué me metía en esto al cabo de tantos años, que lo mejor que podía hacer por mi padre era rezar por él". Concha Viera asegura que eso fue lo que hace un año le respondió la propietaria de la finca donde se encuentra enterrado su padre, fusilado en 1936, cuando le pidió que le permitiera localizar y exhumar sus restos, que yacen en una fosa junto a los de otros doce hombres.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX) denunció ayer este caso y el de otra finca, situada en las cercanías de Arroyo de San Serván, en las que afirman que se ha prohibido el acceso y cualquier trabajo de exhumación a los familiares de los represaliados.

"Normalmente hemos tenido la colaboración de todos los propietarios y arrendatarios pero, desgraciadamente, en estos dos casos no ha sucedido así", subrayó José Manuel Corbacho, presidente de ARMHEX, que no encuentra justificación a este tipo de conductas: "No se les causa ningún perjuicio, todo se les deja luego como estaba", argumenta Corbacho, que recuerda que la Ley 52/2007 (la de la memoria histórica) ampara a los familiares, ya que en su artículo 14 se recoge que "La realización de las actividades de localización y eventual identificación o traslado de los restos (...) constituye un fin de utilidad pública e interés social, a los efectos de permitir, en su caso (...), la ocupación temporal de los terrenos donde deban realizarse".

Alcalde republicano

El padre de Concha, Amado Viera, fue el último alcalde democrático de Valencia de Alcántara antes del estallido de la guerra civil. "Era un hombre pacífico, intelectual, que se preocupaba por el bien social y por que la cultura llegase a quienes no la tenían", dice. Cuando fue fusilado, ella apenas tenía tres años (ahora son 76) y "hasta hace siete u ocho" no supo que su padre estaba probablemente en Cuadrillas de Arriba, una finca en el mismo término municipal de Valencia de Alcántara. "Fue cuando cayó en mis manos un libro del historiador Julián Chaves que me enteré, porque aquí este siempre había sido un tema del que no se podía hablar".

Concha decidió ponerse en contacto por carta con la propietaria de la finca, "y ni me contestó". Posteriormente, el año pasado, mantuvo una reunión con ella en la que, apunta, se negó a permitir los trabajos de exhumación o cualquier acceso a este terreno "sin darme ninguna razón". Una postura que no alcanza a comprender porque, explica "aquí no venimos ni con una gota de rencor o de odio. Lo único que busco con mi padre es el reconocimiento de la dignidad de una persona".

Sin embargo, la propietaria de la finca, María Isabel Ramos, negó ayer que tuviese problema alguno en permitir los trabajos de localización y exhumación de los restos. "Eso es algo que se han inventado", sostuvo, si bien añadió que "los herederos son mis hijos y son ellos los que deben decidir". Ramos dijo además que hace un año se reunió con un responsable de la Junta "y lo único que dije es que si querían entrar, que buscaran a los dueños de la mina que hay en la finca para que les dieran su permiso". Después, resaltó, "no se han vuelto a poner en contacto conmigo".

Aniceto Asensio es sobrino de Juan Barrena, "un obrero que estaba vendimiando. La Guardia Civil fue a casa de sus padres y dijeron que tenía que ir al cuartel. Y no volvió". Fue también en 1936 pero en su caso siempre ha sabido que el cuerpo de su tío --y una decena más-- estaba en una finca ubicada en el paraje conocido como El Valle, cerca de Arroyo de San Servan pero en el término municipal de Mérida, ya que un primo de Juan vio allí todos los cadáveres antes de ser enterrados. Tampoco a Aniceto --ni al resto de personas que lo han intentado--, le han dado razones de por qué se le niega la entrada a la finca, únicamente "que no se entra y ya está".

José Manuel Corbacho incide en que "nosotros respetamos los derechos de los propietarios pero también tienen que tenerse en cuenta los de estos familiares". Desde la asociación ya se ha puesto en conocimiento de la Junta los problemas con estas dos fincas para que se hagan las gestiones necesarias que permitan llevar a cabo las labores de localización y excavación de las fosas y, si hace falta, se autorice la ocupación temporal de los terrenos.