El director de UCE, Javier Rubio, durante su comparecencia ante la prensa ha puesto el ejemplo de consumidores de la localidad pacense de Oliva de la Frontera, algunos de los cuales deben hacer frente a facturas de 1.500 y 2.000 euros, ya que la comercializadora no les ha pasado factura alguna en un periodo que según los casos superaría el año, existiendo clientes que aún hoy no han recibido factura desde julio de 2009.

Rubio ha estado acompañado en una rueda de prensa por el alcalde de Oliva de la Frontera, Juan García, y por la técnico de UCE en la zona, Isabel Morujo.

La técnico ha resaltado las dificultades que tienen muchos de los vecinos para hacer frente a los pagos de las facturas del consumo eléctrico, ya que se les deniega el fraccionamiento de las mismas, e incluso se les está pidiendo que las abonen en un plazo "improrrogable" de cinco días, algo que Rubio ha recomendado que no se haga.

En la misma línea se ha pronunciado el alcalde de Oliva de la Frontera quien además ha criticado la "prepotencia" demostrada por la empresa y ha indicado que el consistorio tiene una amenaza de corte luz para el 14 de enero si no cumple con el pago de la deuda que mantiene el consistorio con CHC Energía.

Como ha explicado Rubio, esta situación comienza al finalizar el proceso de liberalización del sector eléctrico, en julio de 2009, cuando las distribuidoras que hasta entonces vendían la luz tenían que dejar de hacerlo cediendo su sitio a una comercializadora.

Además, el mercado eléctrico se dividía en el regulado, con tarifas reguladas por el Gobierno y en el que sólo se podían operar las Comercializadoras de Ultimo Recurso (CUR), y el mercado libre, donde cualquier comercializadora podía competir por conseguir clientes, proceso que fue "indetectable" para la gran mayoría de los ciudadanos, pues quien no hizo nada fue asignados automáticamente a una CUR.

Sin embargo, las pequeñas distribuidoras que abastecían a los municipios crearon una asociación llamada CIDE por temor a perder clientes, pero como no podían vender luz al no ser comercializadora se asociaron a su vez a Hidroeléctrica del Cantábrico, que sí lo es, para crear una nueva comercializadora del mercado libre CHC Energía, que asumió "todos los clientes de esas pequeñas distribuidoras".

Esta nueva comercializadora, trató que el Gobierno central la nombrara CUR pero no lo consiguió. En ese transcurso de tiempo, desde julio de 2009, hasta que finalmente fue rechazada su solicitud, aproximadamente un año, no se facturó a casi ningún cliente, porque básicamente ninguno de ellos había firmado un contrato de mercado libre con CHC Energía y, en consecuencia, deberían haber sido asignados a una CUR de forma automática.

DENUNCIA DE UCE

La asociación de consumidores reconoce que consumo eléctrico ha habido aunque no se hubiera remitido factura, por lo que no pide que no se les cobre.

Pero teniendo en cuenta la normativa vigente solicita que no se cobre consumos realizados más allá de doce meses desde la fecha de emisión de la última factura, aspecto este que está haciendo CHC Energía.

Y, segundo, también teniendo en cuenta la normativa solicita el fraccionamiento del pago en tantos plazos como meses se hayan acumulado.

En dicha la denuncia que presenta UCE ante la Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación se solicita exigir a CHC Energía que anule todas las facturas emitidas en las que se incluyan consumos realizados en un periodo superior a los doce meses anteriores a la fecha de emisión de la misma. Asimismo se pide que fraccione el pago de la deuda resultantes en tanto tiempo como meses transcurrieron sin lectura.

También exige que elimine de sus contratos y facturas la comisión de dos euros que se pretende cobrar a quienes no tengan sus recibos domiciliados; igualmente se solicita en la denuncia a la comercializadora que los usuarios que no tengan firmado un contrato de mercado libre con ellos pasen directamente a la comercializadora de último recurso que les corresponda.

Además pide la apertura de un expediente informativo, y sancionador si procede, contra CHC Energía por la realización de prácticas "contrarias" a la normativa de protección a los consumidores, por "cláusulas abusivas, y contrarias" a la normativa que regula la comercialización de energía eléctrica.

BONO SOCIAL

Por otra parte, Javier Rubio también ha insistido en que la mayoría de los clientes de CHC Energía no deberían serlo porque dicha comercializadora lo es en el mercado libre, lo que le obligaría a firmar un contrato con sus clientes, sin embargo ese contrato "no existe" y el traspaso de la distribuidora a la comercializadora ha sido automático, posibilidad que está reservada para las comercializadoras de último recurso.

Así ha expuesto que los clientes de CHC Energía no pueden optar al bono social porque esta ventaja sólo puede ser ofertada por una comercializadora de último recurso.

Según ha apuntado Rubio, según les ha comunicado CHC Energía, aquellos usuarios que tienen una potencia contratada menor de 3kw y son beneficiarios automáticos del bono social han sido pasados directamente a Hidroeléctrica del Cantábrico, que sí es una comercializadora de último recurso. Pero sí, algún consumidor se queda en el paro y quiere el bono social no bastará con solicitarlo a la compañía sino que tendrá que irse a otra, pues la actual no puede concederlo.