La Unión de Consumidores de Extremadura-UCE presentó ayer una denuncia ante la Junta de Extremadura contra la comercializadora eléctrica CHC Energía por lo que considera "irregularidades" y "repetidos abusos contra los consumidores". Durante una comparecencia de prensa, el director de UCE, Javier Rubio, puso de ejemplo la localidad pacense de Oliva de la Frontera, donde a algunos de sus vecinos se les están enviando facturas de 1.500 y 2.000 euros, una vez que la comercializadora llevaba hasta más de dos años sin remitirles un solo extracto.

Fuentes cercanas a esta eléctrica aseguraron ayer que, aunque pueden haberse producido errores de facturación, ha sido con "una absoluta minoría" de sus clientes, y que el problema no ha sido ni mucho menos exclusivo de esta compañía, sino que ha afectado "a todo el sector en España" a causa del proceso de liberalización que el mercado eléctrico ha experimentado en los últimos años. Igualmente, indicaron que los clientes que han sufrido este contratiempo "tienen todos ellos a su disposición un plan de pago fraccionado" y que "se le dan todas las facilidades para que esto no suponga ningún problema".

Sin embargo, Javier Rubio, que estuvo acompañado por el alcalde de Oliva de la Frontera, Juan García, incidió en las dificultades que tienen muchos de los vecinos de esta localidad para hacer frente a los pagos de las facturas ya que, aseguró, se les deniega el fraccionamiento de las mismas e, incluso, se les está pidiendo que las abonen en un plazo "improrrogable" de cinco días, algo que Rubio recomendó no hacer.

"PREPOTENCIA" En la misma línea se pronunció el alcalde de Oliva de la Frontera quien, además, criticó la "prepotencia" demostrada por la empresa y añadió que el consistorio tiene una amenaza de corte luz para el 14 de enero si no cumple con el pago de la deuda que mantiene con CHC Energía.

La asociación de consumidores reconoce que consumo eléctrico ha habido, por lo que no pide que no se les cobre ninguna cantidad a estos clientes. Eso sí, asegura que la normativa vigente impide que las comercializadoras puedan cobrar consumos realizados más allá de doce meses desde la fecha de emisión de la última factura. Igualmente, exige a CHC Energía que elimine de sus contratos y facturas la comisión de dos euros que se pretende cobrar a quienes no tengan sus recibos domiciliados, "práctica declarada expresamente como abusiva en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios".

Además, según esta organización, "miles" de extremeños están recibiendo su energía eléctrica de esta comercializadora de mercado libre "sin haber firmado contrato alguno con ella, algo que es ilegal" y que, además, en algunos casos les ocasiona perjuicios a la hora de solicitar el bono social.

A este respecto, desde la eléctrica se negó ayer tajantemente haber cometido "ningún tipo de ilegalidad. Todo se ha hecho conforme a la ley". En relación a la comisión de dos euros, se explicó que es "completamente legal repercutir en los clientes los costes que a una empresa le supone la no domiciliación", mientras que sobre el periodo máximo de doce meses para el cobro de facturas, se puntualizó que solo tiene validez cuando la demora se debe a "un error de medida del consumo".

CHC Energía nació hace más de dos años con la liberalización del sector eléctrico. Está participada en un 50% por Hidroeléctrica del Cantábrico (HC Energía) y en otro 50% por pequeñas eléctricas de toda España.