La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura elaborará en los próximos dos meses un plan especial para reducir y evitar el vertido de nitratos de origen agrario detectado en las aguas de cerca de una veintena de municipios calificados de sensibles a esta contaminación. Así, datos aportados recientemente por la Comisión Europea señalan que las aguas situadas en localidades en el entorno de las Vegas Bajas del Guadiana y en la Zona Regable del Zújar están afectadas, o podrían llegar a estarlo, por los abonos que utilizan habitualmente los agricultores.
Hace unas semanas el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicaba una Orden de la Consejería de Agricultura en la que el Gobierno regional declaraba como "zonas vulnerables" a la filtración de nitratos agrarios parte de la superficie de hasta 19 municipios de las áreas de las Vegas Bajas y de la Zona Regable del Zújar.
POSIBLES RIESGOS
Esto supone que parte de las aguas superficiales y subterráneas de estas localidades --entre las que se encuentran, por ejemplo, Badajoz, Mérida y Don Benito-- podrían llegar a tener, o presentar ya, una elevada presencia de sustancias químicas procedentes de los fertilizantes.
Esta decisión corrige la adoptada en 1999 por el mismo organismo, puesto que en noviembre de ese año la Junta declaró la "inexistencia" de estas zonas vulnerables al entender que en la región no existía en ese momento el riesgo de que los abonos químicos se filtrasen a las aguas.
Sin embargo, datos aportados en los últimos tiempos por la Comisión Europea (unidos según la Junta a los de la Red de Control de la Calidad del Agua de Riego) han motivado que se haya optado por activar los mecanismos oficiales. De esta forma, la Junta trasladará de forma inmediata la situación de riesgo de estas zonas a los ministerios de Medio Ambiente, de Agricultura y de Exteriores. Al mismo tiempo se ha encargado a la Dirección General de Producción, Investigación y Formación Agraria de la Junta la elaboración, en un plazo máximo de dos meses, de un plan especial para "prevenir y reducir" la contaminación causada por los nitratos agrarios en las "zonas vulnerables".
Este programa de actuación, que deberá revisarse al menos cada cuatro años, tendrá que determinar los periodos en los que estará prohibida la aplicación al terreno de determinados fertilizantes. Asimismo, el Gobierno regional especificará en estas zonas la capacidad que deberán tener los tanques de almacenamiento de estiércol, que deberán poder acoger, como mínimo, todo el producto que se acumule en los plazos en los que no se pueda aplicar este abono.
NUEVAS LIMITACIONES
La novedad más importante es que la Consejería de Agricultura deberá limitar la aplicación de fertilizantes en los terrenos vulnerables a las posibles filtraciones, para lo que tendrá en cuenta el tipo de suelo y el estado en el que se encuentra; las condiciones climáticas del entorno del terreno; las necesidades de riego; y las prácticas agrarias de la zona. El objetivo, según detalla la normativa vigente, es garantizar que el terreno no absorba un volumen excesivo de nitrógeno.
Por último, la consejería marcará el máximo de estiércol por hectárea que se puede aplicar en los terrenos más sensibles de la comunidad autónoma.Una vez que se reconoce la existencia de estas zonas extremeñas vulnerables a los nitratos, el Gobierno regional tendrá que elaborar cada cuatro años un nuevo plan de actuación, así como remitir al Ministerio de Medio Ambiente un informe que incluya los resultados obtenidos en los estudios realizados en los territorios afectados. Este plan extremeño de actuación deberá remitirse posteriormente a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, que a su vez se lo comunicará a los órganos correspondientes de la Comisión Europea.Y es que ya en 1991 el Consejo de las Comunidades Europeas aprobó una directiva comunitaria en la que establecía los mecanismos que debían poner en marcha todos los países para frenar la posible contaminación de las aguas europeas. En este sentido, el informe previo de Bruselas avisaba de la necesidad de reducir y prevenir el vertido provocado por los nitratos agrarios "para proteger la salud humana, los recursos vivos y los ecosistemas acuáticos".Posteriormente, en 1996, el Gobierno español asimiló esta directiva europea a través de un real decreto que obligaba a las comunidades autónomas a realizar estudios para localizar las posibles zonas de riesgo donde pudiera haber filtración de productos químicos de uso agrario en las aguas.Como consecuencia de esta norma, en 1999 la Junta de Extremadura declaró la inexistencia de zonas vulnerables a los nitratos en la comunidad extremeña, aunque los datos aportados por la Unión Europea y los recopilados por los sistemas regionales de información han provocado la localización de hasta veinte municipios de zonas regables en superficies sensibles.
