El PP pidió ayer a la Junta que aclare el "presunto mal uso" de unos fondos del Fondo Social Europeo (FSE) para formación de profesores, y que ahora la Unión Europea reclama la devolución de una parte porque "no han sido utilizados para los fines que estaban previstos".
Así lo indicó ayer el diputado regional César Díez Solís, que señaló que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) hizo una investigación en Extremadura en la que concluyó que parte de estos fondos no fueron bien empleados en algunos centros de profesores (CPR).
Los investigadores se desplazaron a Mérida y Plasencia y detectaron que hay ayudas de los años 2005 y 2006 "que no estaban justificadas por los beneficiarios en el momento de realizarse esa inspección" y que en la justificación "se han incluido una serie de gastos que no están relacionados con los cursos que se han impartido", informa Europa Press.
La Consejería de Educación asegura que las irregularidades referidas son "falsas" y que los informes de la OLAF únicamente ponen de manifiesto "una discrepancia en la interpretación de la justificación de gastos".
Para la Junta las declaraciones de Díez Solís son "un intento desesperado de ensombrecer" la gestión de estos fondos y de "poner en entredicho la extraordinaria labor" que desempeñan los centros de profesores.
Según la consejería, cuando se conoció la denuncia se hicieron las correspondientes comprobaciones "y se constató que no existen irregularidades". Además, añade que con los fondos europeos siempre existe un doble control, el de la propia consejería y el externo que hace el FSE, y el informe lo que revela es una discrepancia de interpretación.
Educación también indica que según el PP habría que devolver seis millones, cuando esta cantidad corresponde a la totalidad de los fondos del programa 2000-2006.
