La Comisión Europea está dispuesta a frenar la fuga fiscal de transportistas a Portugal. Bruselas envió ayer al Gobierno luso un dictamen motivado --paso previo a la denuncia ante el Tribunal de Justicia-- por no aplicar la directiva sobre la legislación social de los conductores de transporte por carretera. El objetivo de esta normativa comunitaria es prevenir la competencia desleal en el sector, mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo para los conductores.
Tal y como desveló EL PERIODICO EXTREMADURA en el año 2000, Extremadura es una de las comunidades más afectadas por la competencia desleal en el transporte por carretera. En los últimos años, numerosos transportistas extremeños han cambiado su domicilio fiscal al país vecino para beneficiarse de las condiciones menos exigentes que ofrece la Administración lusa para operar en el sector.
La fuga se inició a finales de 1999 tras aprobar el Ministerio de Fomento una orden para frenar la especulación en la venta de las tarjetas de transportes. La decisión motivó una venta masiva previa y un parque de camiones que emigró a Portugal para alargar su vida productiva.
UN NUEVO FRAUDE
Esta situación llevó a la aparición de numerosas empresas extremeñas que crearon sociedades en Portugal para dar cobertura fiscal a estos transportistas aunque su lugar de actividad se mantenía en España, generando un presunto fraude que fue denunciado ante las instancias comunitarias por organizaciones profesionales de transportistas.
El Ejecutivo comunitario considera que Portugal ha incumplido "sistemáticamente" con el número mínimo de controles de días trabajados por cada conductor profesional anualmente en el periodo 1995-2000, informa E. Press. La directiva requiere que controle al menos el 1 por ciento de todos los días trabajados por los conductores de transporte por carretera de forma anual.
