La Comisión Europea mantiene su intención de acabar con las prácticas fraudulentas en el sector del transporte y frenar así la fuga fiscal de empresas extremeñas a Portugal, adonde acuden atraídas por una menor presión tributaria y por los tibios controles administrativos. Bruselas ha requerido a las autoridades competentes lusas que intervengan en este asunto para acabar con el éxodo de transportistas españoles que trasladan su sede a Portugal aunque mantienen la actividad en territorio nacional.

El pasado mes de septiembre, la patronal española del transporte Fenadismer ya puso en conocimiento de la Comisaría de Energía y Transporte esta situación, y ha tramitado la denuncia a través la Secretaría General de la Comisión Europea. El objetivo es acabar con el falso cabotaje que se practica al amparo de licencias de transporte comunitarias otorgadas en Portugal.

SOCIEDADES INVESTIGADAS

A raíz de este proceso, Bruselas ha abierto una investigación a diez empresas de transporte de mercancías de la región. En los últimos años, especialmente a partir de 1999, se ha incrementado notablemente el número de sociedades extremeñas que trasladan su sede a localidades portuguesas próximas pero siguen ejerciendo su actividad en la región, lo que supone "una distorsión muy importante" en el mercado regional al suponer una "competencia desleal", tal y como ha afirmado recientemente Javier Corominas, consejero de Transportes de la Junta.

Corominas ha cifrado, sobre la base de las estimaciones realizadas por las agrupaciones de transportistas de la región, que existen unas 1.500 empresas extremeñas que han llevado su domicilio a Portugal. En una reciente reunión en Piornal con otros responsables autonómicos, Corominas ha pedido un encuentro al más alto nivel entre España y Portugal para tratar de armonizar los regímenes fiscales de ambos Estados y evitar los desequilibrios actuales.

Portugal ofrece mayores facilidades de acceso a la profesión y a las empresas asentadas en su territorio no se les exige una flota mínima de camiones ni una antigüedad máxima, algo que sí sucede a este lado de la frontera. Portugal tampoco exige una capacitación profesional para ejercer la actividad ni que exista relación laboral entre el conductor y la sociedad. Asimismo, la policía de tráfico sólo puede exigirles los tacógrafos (discos de cartulina situados bajo el cuentakilómetros donde quedan registrados aspectos como velocidad máxima, paradas realizadas y tiempos de conducción) de los últimos ocho días.

Por contra, la legislación española es mucho más exigente, lo que provoca la deslocalización fiscal. España exige a una empresa de transporte de nueva creación una flota mínima de tres vehículos que no superen los dos años de antigüedad, capacidad profesional y el desembolso de 9.000 euros (1,5 millones de pesetas) para la primera autorización y 5.000 euros por las siguientes. En el caso de trabajar con un único vehículo, la autorización cuesta entre 18.000 y 24.000 euros (tres y cuatro millones de pesetas).