Miguel Bernal, responsable de UGT en Extremadura, y Julián Carretero, dirigente de CC OO en la región, coinciden en afirmar que la sentencia conocida ayer sobre la actuación de 5 sindicalistas durante la huelga general del 20-J, es un "revolcón" al intento del PP por "criminalizar" la acción sindical en la región. Esta sentencia, según informa la agencia Europa Press, emitida por el Tribunal Penal Número 1 de Mérida, absuelve de los delitos de injurias, coacciones y amenazas de los que fueron acusados por la empresa municipal de transportes emeritense, dependiente del ayuntamiento, a los cinco sindicalistas, tres de CCOO y dos de UGT, entre los que se encontraban los secretarios generales de ambos sindicatos en 2002. que fueron denunciados por los hechos ocurridos en la mañana de la jornada de huelga general de ese año en el Parque de la Empresa Municipal de Transportes de la Algodonera de Mérida. Por este motivo, Carretero manifiesta que el sindicalismo de clase extremeño está "orgulloso" porque se ha puesto de manifiesto la "verdad" de la lucha sindical contra el denominado "decretazo" del Gobierno de Aznar, que recuerda, ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional hace 15 días.Asimismo, Miguel Bernal explica que el juez instructor tan sólo condena a cuatro de los acusados por una falta leve con una multa de 364 euros, al entender éste que la actuación del piquete se "excedió" en su cometido. Además, estima que el piquete tan sólo debería haber mantenido una labor informativa, un matiz que los sindicatos no comparten y por el que presentarán un recurso contra esta parte de la sentencia. El dirigente sindical indica que la labor del piquete comprende, además, "velar" porque el derecho a la huelga se desarrolle con normalidad y plenitud. En cualquier caso, Bernal añade que la sentencia demuestra que el interés del PP "por meter en la cárcel" a los sindicalistas, responde a una estrategia política desarrollada por dicho partido entre los años 2002-2005, con el entonces delegado del Gobierno a la Cabeza, Oscar Baselga. Por último, aprovecha para acusar de "incompetente" al actual alcalde de Mérida, Pedro Acedo, y a su equipo de gobierno por no plantear unos "servicios mínimos legales" durante la huelga y por su "desprecio" a los derechos fundamentales y laborales. También, apostilla que Acedo contó con el "silencio cómplice" del presidente regional del PP, Pedro AcedoAcedo Carlos FlorianoRespuesta de FlorianoCarlos Floriano