El secretario de Acción Social de UGT, Nereo Ramírez, denunció ayer la proliferación de redes mafiosas, surgidas al socaire del proceso de regularización de inmigrantes sin papeles que se abre el lunes, y que "aprovechan el desconocimiento del idioma de muchas de estas personas" para estafarles. Según señaló, hay asesores que se ofrecen para rellenar las solicitudes de regularización "cobrando 90 euros", cuando dicha solicitud tiene que tramitarla el empresario que quiera dar de alta al inmigrante, y no éste.

Sin embargo, lo más grave, según Ramírez, es la aparición de una red mafiosa, que opera en varias provincias, entre ellas Cáceres, y que ofrece a los extranjeros "certificados falsos de empadronamiento a cambio de 6.000 euros". Otra modalidad de estafa es la realizada por algunos empresarios, "afortunadamente, muy pocos", que exigen al inmigrante que les abonen los gastos que supondrá dar de alta al puesto de trabajo.

Asimismo, comentó que UGT teme que empiecen a surgir falsos empresarios que den de alta empresas en estos días para cobrar a los sin papeles por darles de alta y luego desaparezcan.

BAJEZA MORAL Del mismo modo, Ramírez se mostró escandalizado porque una asesoría se esté anunciando en los medios de comunicación ofreciendo a los inmigrantes tramitar la solicitud, "a cambio de 54 euros al año", cuando, reiteró, este trámite lo tiene que hacer el empresario.

El dirigente sindical calificó todas estas actuaciones como "bajeza moral que aprovecha una situación de debilidad", y explicó que el sindicato recaba datos para ponerlos en manos de la fiscalía.

Por otro lado, manifestó que el proceso de regularización podría beneficiar a unos 1.200 de los aproximadamente 7.000 sin papeles que se calcula que hay en Extremadura, "porque esto no es una medida extraordinaria para dar papeles a todos los que no los tienen, sino, simplemente, para hacer aflorar un empleo sumergido que ya existe".

Al margen de esta cuestión, Ramírez criticó que sólo se abriesen dos oficinas --en Cáceres y Badajoz-- en horario de tarde para la presentación de solicitudes. Sin embargo, matizó que el sistema de cruce de datos para realizar las comprobaciones quizá haya obligado a centralizar la recepción de documentos.

OPERATIVO En relación a este proceso, el subdelegado del Gobierno en Cáceres, Fernando Solís, continuó ayer su ronda de reuniones con representantes de los partidos judiciales cacereños con el fin de informar sobre los procedimientos a seguir. Solís explicó que no se sabe cuántos inmigrantes se acogerán a la medida de regularización.

Para poder regularizarse, los inmigrantes tienen que aportar el pasaporte, un certificado de penales de cinco años, y otro que demuestre que llevan al menos seis meses empadronados.