La Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados (UPJP) de UGT reclamó ayer en Badajoz que ninguna pensión sea inferior a 500 euros para personas con un familiar y 700 con dos, sean contributivas o no. Así lo manifestaron ayer Juan Silva, secretario regional de la UPJP, y Luis Azanza Vaquero, secretario estatal de Igualdad y Política Social, en unas jornadas a las que asistieron 150 personas, afiliados de la unión y representantes de hogares de pensionistas. También acudió el secretario de UGT, Francisco Capilla, quien apoyó las revindicaciones de la UPJP "porque en esta organización se tiene una única voz", dijo.
Las pensiones fueron solo uno de los asuntos abordados en este encuentro. También se trataron otros aspectos como la Ley de Dependencia, servicios sociales, ayuda a domicilio, coeficientes reductores a prejubilados, sanidad o ataques a mayores.
ESPECIALISTAS GERIATRICOS Mientras que en sanidad los jubilados tienen sus necesidades cubiertas y solo piden especialistas geriátricos, en pensiones, recordaron, la región tiene las más bajas de toda España.
"En Extremadura hay un alto porcentaje de pensiones por debajo de la mínima", según Silva, quien denunció que "el 20% de la población general está por debajo del umbral de la pobreza".
Un estudio de la UPJP dice que la pensión media con un familiar es de 512 euros y con dos, 768, por lo que "nadie tendría que cobrar menos; luego hay seis millones de personas por debajo del umbral de la pobreza, tanto con pensiones contributivas como no contributivas --éstas de 312 euros en la actualidad--".
Azanza apeló al Articulo 50 de la Constitución --"Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercer edad"-- para pedir que se cubra la diferencia con la pensión más baja vía Presupuestos Generales, "para que no haya personas que cobren 312 euros para vivir".
PARTICIPAR EN LA RIQUEZA Además, destacaron que los mayores "deben tener derecho a participar de la riqueza del país", pues es "el único colectivo que no participa, cuando de octubre a mayo se dedican a viajar creando empleo, manteniendo hoteles y puestos de trabajo".
Respecto a la Ley de Dependencia, la región está al 85% de personas valoradas, "pero en cuanto a la prestación no estamos satisfechos", dijo Silva. "Nuestro caballo de batalla es que no se pague, queremos que se dé el servicio con ayuda a domicilio a los usuarios".
En materia de residencias, hay 12.000 plazas y harían falta 30.000 para atención a la dependencia, "pero no queremos aparcamientos, sino que se atienda a los mayores en sus casas; más centros de día". Silva añadió que "dando esas prestaciones se cubriría una parte importante del desempleo en Extremadura".
La UPJP ha comenzado a celebrar asambleas para tratar todas estas cuestiones y se abordarán en un próximo congreso en Pamplona, cuya resolución llevarán "a rajatabla a todas las autoridades." H
