UGT de Extremadura ha alertado de la subida de precios en componentes básicos de la cesta de la compra como los alimentos y el vestido, incrementos que impactan "sobremanera" en aquellos que tienen menos posibilidades de proteger su capacidad adquisitiva, según el sindicato.

La subida de los precios en mayo pasado elevó la tasa interanual en Extremadura hasta el 1,8 por ciento, según el índice de precios de consumo (IPC) confirmado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La organización sindical ha afirmado en una nota de prensa que pese a la "puntual moderación" del IPC, los precios siguen creciendo a un ritmo "incoherente" con la "depresión" económica de Extremadura.

Para UGT, la "moderación inflacionista" de mayo se deriva de la evolución "contractiva" de los precios de los carburantes y ha destacado el "retroceso", aunque en menor medida, de los viajes organizados.

El sindicato ha apuntado que existen elementos que siguen afectando de forma directa al poder de compra como son un nivel de precios interanual en alimentos del 4 por ciento, en la enseñanza del 7,3 por ciento y en medicina del 13 por ciento, subidas relacionadas en algunos casos con impuestos y tasas gubernamentales.

De este modo, ha señalado que la "contención" de la inflación se corresponde con una economía en "profunda situación de recesión" en la que el poder adquisitivo de amplias capas sociales se "ve mermado" por la "reducción" de la remuneración de los asalariados.

"La actividad de la mayoría de sectores y actividades continúa en retroceso, sin demanda para sus productos y destruyendo empleo como ha sucedido en Fuentecapala", ha aseverado la organización sindical.

UGT ha recordado que el coste laboral por hora trabajada sin estacionalidad "sigue bajando" y ha apostillado que los costes salariales de las empresas se "han desplomado" un 10 por ciento desde 2009.

Para UGT la política de "devaluación salarial" tan solo puede generar ganancias de competitividad puntuales y volátiles, "inútiles en el medio plazo, mientras que, a su juicio, producen una "pérdida" de calidad de vida y un "aumento" de los niveles de pobreza y de desprotección social.