El sindicato FSP-UGT se opone a que la investigación de las causas de incendios forestales se realice mediante un contrato, en lo que considera la "privatización de un servicio público" que deberían desempeñar los funcionarios indicados para ello, en este caso los agentes del medio natural.
En un comunicado, la Federación de Servicios Públicos de UGT defiende que son estos agentes los que ejercen las funciones de policía administrativa forestal establecidas en la ley y por tanto pueden avalar "correctamente" una investigación en su procedimiento administrativo sancionador y también ante los tribunales de justicia con "su presunción de veracidad establecida".
El pasado 21 de abril se publicó en el DOE la convocatoria para la contratación del servicio por 301.000 euros.
