Extremadura nunca tuvo un sector público potente más allá de la relevante presencia en la región de compañías de ámbito nacional, ahora totalmente privatizadas, como Telefónica, Endesa, Argentaria, Repsol o Tabacalera. Por ello, la venta de Cetarsa --cinco plantas en Extremadura y una en Granada, amén de su sede institucional en Madrid-- adquiere un doble significado especial: como último bastión estatal y como gran ente regulador de un sector agroindustrial, el del tabaco en rama, que es el más importante del campo extremeño con un volumen de negocio que supera los 120 millones de euros al año.
En los últimos 18 años, paralelamente a lo ocurrido en la mayoría de países de la UE, el grupo de empresas estatales ha sufrido un generoso adelgazamiento . Los primeros pasos los dió el gobierno socialista de Felipe González a partir de 1985. Sin embargo, la reestructuración ha adquirido una especial relevancia desde 1996, con el ejecutivo de José María Aznar en Moncloa.
DE TABACALERA A PRESUR
Hasta Cetarsa, las principales privatizaciones locales que habían afectado a Extremadura fueron dos: Tabacalera, con una gran planta de batido de tabaco negro en Palazuelo-Empalme, cerca de Plasencia; y Carcesa, con una industria cárnica en Mérida y otra de tomate en Don Benito. En ambos casos, las sociedades siguen operativas, no sin antes haber sufrido profundos procesos de regulación de empleo en sus plantillas.
Aparcada sin fecha, al menos que se sepa públicamente, sigue la privatización de la empresa Prerreducidos Integrados del Suroeste (Presur) --con sede en Fregenal y descubridora de la mina de níquel de Monesterio--, cuya actividad geominera y metalúrgica no es ni la sombra de la que fue antaño, lastrada por unas vetustas instalaciones y unos números rojos desmesurados.
Otras sociedades estatales con importante peso en la comunidad autónoma extremeña, pero sin planes de privatización son Renfe, RTVE, Agencia Efe, Mercasa, Paradores Nacionales y las confederaciones hidrográficas del Guadiana y el Tajo.
