Los diputados regionales extremeños rechazan la propuesta de directiva de la Unión Europea que permitiría ampliar la semana laboral hasta 65 horas. Según recoge la agencia Europa Press, la Asamblea expresa su confianza en el diálogo social y en la negociación colectiva reconocida en la Constitución, como medios para la adopción de acuerdos entre los agentes sociales en el ámbito laboral, así como su apoyo a los demás derechos constitucionales y legales de defensa individual y colectiva de los intereses de los trabajadores.
De este modo, la Cámara extremeña manifiesta su rechazo a la propuesta de la UE, que pretende ampliar el tiempo máximo de trabajo semanal a 60 horas con carácter general y 65 horas en determinados sectores, puesto que a su juicio supone "socavar los cimientos del Derecho Laboral Comunitario".
Asimismo, manifiesta igualmente su apoyo al actual tiempo de 48 horas, que viene rigiendo las relaciones laborales en el contexto legal desde 1917, "sin perjuicio de los avances que en materia de jornada laboral se puedan realizar hacia un reparto más equitativo del tiempo de trabajo y la progresiva reducción de la jornada semanal máxima".
En la misma línea, la Asamblea señala su apoyo al Gobierno de España para que emprenda las iniciativas "oportunas" en el ámbito comunitario de cara a mantener la actual semana laboral de 48 horas y la vigencia de la negociación colectiva como vía para alcanzar acuerdos en el ámbito laboral.
A través de la Propuesta de Pronunciamiento, el Parlamento extremeño insta igualmente al Parlamento Europeo a tomar las medidas adecuadas en idéntico sentido de mantener la actual semana laboral de 48 horas y la vigencia de la negociación colectiva para lograr acuerdos laborales.
Igualmente, la institución autonómica manifiesta su apoyo a los sindicatos en cuantas actuaciones de movilización y negociación, previstas en el ordenamiento, realicen de cara a impedir que prospere la "imposición" de una medida como la ampliación a 60 y 65 horas semanales de la jornada laboral por parte de las autoridades comunitarias.
Finalmente, la Asamblea insta también al Gobierno central a mantener el régimen jurídico de regulación de la jornada de trabajo actualmente en vigor en el ordenamiento jurídico nacional.
La portavoz del Grupo Popular-Extremadura Unida, Pilar Vargas, rechaza la directiva europea con el argumento de que a su juicio acarrearía "consecuencias muy graves" para los derechos de los trabajadores en la Unión Europea. Así, alerta sobre el "daño" que la medida provocaría en cuanto a la conciliación de la vida laboral y familiar. "No queremos una jornada laboral de 65 horas", sentencia Vargas y pide al Gobierno central que trabaje para que "se respete el trabajo decente".
Asimismo, se muestra contrario a la "política de paños calientes" del Ejecutivo español cuando en el mes de junio se abstuvo respecto a la iniciativa de la UE. "Un ejecutivo serio no debería caer en estos renuncios y contradicciones que nos perjudican a todos". No obstante, aplaude que el Gobierno central se haya "subido al carro del sentido común" e insiste en que la medida "supone una marcha atrás en los derechos laborales".
Por su parte, el diputado del Grupo Socialista, Anselmo Solana, defiende que la directiva pretende "cristalizar" una jornada laboral "anacrónica, injusta, absurda y regresiva", y aplaude que PSOE y PP se hayan puesto de acuerdo en la Asamblea para criticar la medida. Califica como una fecha "histórica" la manifestación en contra de la medida celebrada en España y en la región, donde a su juicio "los extremeños se mojaron en favor del trabajo decente". "Es muy positivo que haya habido un gran apoyo", subraya el diputado, que se felicita del acuerdo unánime de PSOE y PP de la Asamblea en contra de la directiva comunitaria, que "va en contra de las conquistas sociales alcanzadas".
Finalmente, defiende la globalización de las conquistas sociales y laborales alcanzadas durante el siglo XX, y manifiesta la "confianza" del PSOE en la negociación colectiva para alcanzar esa meta.
